La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este viernes la reforma del sistema de financiación autonómica, una promesa del “inicio de legislatura” en la que llevan “mucho tiempo trabajando”. “Hemos analizado infinidad de propuestas, tanto de las comunidades autónomas como de los propios grupos de expertos, de centros de estudio… y, por tanto, nace este modelo con un largo proceso de estudio y de análisis”, apuntó Montero antes de pasar a explicar los cambios.

La ministra recordó que el modelo de financiación es el mecanismo para distribuir entre los gobiernos autonómicos los impuestos que pagan los ciudadanos y recibir así servicios públicos de calidad, con independencia del lugar en donde vive. El nuevo modelo presentado por Hacienda incrementa los porcentajes de cesión de impuestos a las comunidades para “reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal”.

Así, la cesión del IRPF pasará del 50% al 55% y la del IVA se elevará del 50% al 56,5%. Esta medida aumenta en unos 16.000 millones de euros para 2027, año en el que se espera que esté en vigor el modelo. También tendrán el 100% de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y tasas y el Impuesto sobre Electricidad.

Otra de las novedades es la inclusión en la cesta de impuestos del Impuestos de Patrimonio, el Impuesto sobre Depósitos Bancarias, Impuestos sobre Actividades de Juego e Impuestos sobre residuos en vertederos, incineración y coincineración. Además, se mantiene el 58% de Impuestos Especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos. “Antes eran objetos de las comunidades autónomas pero no se encontraban en la cesta global de reparto del sistema”, añadió Montero.

Hacienda recurrió al criterio de población ajustada para la distribución de los recursos entre las comunidades autónomas e incorporó mejoras metodológicas y una nueva variable específica para las comunidades que se enfrentan al problema de la despoblación. Otorgó un peso del 30% al padrón; un 38% para la población protegida; un 17% para la educación de habitantes entre 0 y 17 años; un 3,5% para la educación de habitantes entre 18 y 24 años y alumnos desplazados; así como un 7% por servicios sociales para mayores de 65 años, y otro 1,5% para servicios sociales para parados sin prestación.

La superficie pesará un 1,6%; la dispersión, un 0,5%; y la insularidad, un 0,5%. Además, se incorpora un 0,4% de costes fijos, “para reconocer la dificultad existente por el tamaño en algunas comunidades para alcanzar economía de escala”.

SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL

Tras ese reparto que contempla la cesión y capacidad tributaria, entra en juego el mecanismo de solidaridad interterritorial, que nivel el 75% entre la distancia de la financiación por habitante ajustado de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado.

“En esta fase, lo que hace cada comunidad es aportarle al conjunto del sistema el 75% del diferencial entre su financiación por habitante ajustado y los que la media del conjunto de territorio plantea por habitante ajustado”, detalló.

Por tanto, las comunidades con mayor capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media reciben recursos y aquellas que están por encima de la media aportan recursos.

“Con esto, además de garantizar la solidaridad interterritorial, reducimos la distancia de financiación per cápita, que era un objetivo inexcusable del nuevo modelo de financiación”, apuntó Montero, que defendió que servirá para cerrar la brecha de 1.500 euros por habitante entre la comunidad con mayor financiación y la menor.

La región con más recursos es la región de Madrid, por su mayor capacidad tributaria.

Estas fases de nivelación horizontal y vertical servirán para recortar la diferencia entre los que obtienen una mejor financiación por habitante ajustado. Montero agregó que los recursos que el Estado aporta a esta nivelación equivalen al 5% del rendimiento del IRPF.

En esta fase, el Estado aportará hasta 19.000 millones de euros, según los cálculos presentados por Hacienda.

Por tanto, con el incremento de la participación del IVA y el IRPF y el aporte de más recursos del Estado quedaría configurado el 98,4% del total de recursos del sistema.

AJUSTES ADICIONALES

El nuevo modelo de financiación incluye ajustes adicionales, como la creación del Mecanismo IVA Pymes, que será de carácter voluntario para las comunidades autónomas.

Este mecanismo permitirá a las autonomías solicitar recibir una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio. Para su cálculo, se utiliza la diferencia entre el peso relativo del IVA liquidado y el índice de consumo.

No obstante, las comunidades que quieran solicitar el IVA Pymes deberán aplicarlo durante los siguientes cinco años.

Hacienda entiende este mecanismo como un reconocimiento al esfuerzo de las comunidades autónomas en el impulso y en el apoyo a las pymes. Además, enfatizó que el hecho de que una comunidad se acoja al IVA Pymes no afecta a la financiación ni a los ingresos del resto.

“Cada una se va a poder quedar con la cantidad que crea que mejor le venga o que satisfaga mejor su vocación de autogobierno o que asuma el riesgo”, detalló, y recordó que la finalidad es que las comunidades se impliquen “en el desarrollo empresarial de este tejido”.

Por otro lado, se crea un Fondo Climático, dotado con 1.000 millones de euros, dentro del nuevo modelo de financiación autonómica, porque “no puede permanecer ciego ante una realidad” que se repite en España.

Este fondo está pensado para que las comunidades estén preparadas “en la medida de los posible” para evitar los efectos del clima y “situaciones tan dolorosas” como se vieron en la dana.

De los 1.000 millones, dos tercios se reparten con el criterio de población ajustada entre comunidades del litoral Mediterráneo y el tercio restante para las demás comunidades, también con el criterio de población ajustada.

El tercer elemento de los nuevos ajustes es el status quo, para “garantizar que ninguna comunidad reciba menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior”.

Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración Central, que aportará a este fin unos 400 millones que beneficiarán, especialmente, a Cantabria y Extremadura.

Montero añadió que el nuevo modelo establece que la financiación de las competencias no homogéneas, que dependen de los estatutos de autonomía, puedan proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido.

Esa cesión adicional se fijará en el año base en función de las que tenga asignada cada comunidad autónoma.

Este mecanismo también será opcional, por lo que si las comunidades lo desean podrán optar por recibir como hasta ahora la financiación de las competencias no homogéneas a través de una transferencia evolucionada por el índice de los ingresos del Estado (ITE).

Con todas estas novedades, el modelo aportará unos recursos de 224.507 millones de euros en 2027 y todas las comunidades saldrán beneficiadas, como recalcó Hacienda.

REPARTO POR COMUNIDADES

De esos 20.975 millones de euros más que proporcionará el nuevo sistema, Cataluña recibirá 4.686 millones más; Galicia, 587 millones; Andalucía, 4.846 millones; Asturias, 248 millones; La Rioja, 25 millones; Murcia, 1.188 millones; Comunidad Valenciana, 3.669 millones; Aragón, 629 millones; Castilla-La Mancha, 1.248 millones; Canarias, 611 millones; Baleares, 412 millones; Madrid, 2.555 millones de euros más; y Castilla y León, 271 millones de euros.

Por su parte, Cantabria y Extremadura se verán beneficiadas por la reformulación del Fondo de Compensación Territorial, para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del statu quo estén por debajo de la media de financiación por habitante ajustado. Por esta vía, Cantabria contará con 46 millones y Extremadura, con 216 millones.