El Fondo de Solidaridad es el principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales y su reglamente establece que los estados miembros podrán adherirse a él ante situaciones de catástrofe ‘de naturaleza grave’, que se reconocen cuando los daños derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011).

La documentación remitida a Europa por el Ministerio de Hacienda reflejó que España cumple esta condición. En ella, se precisa que el coste de los gastos susceptibles de financiación se cifra en 1.801 millones de euros.

Una vez remitida toda la información, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España, como explicó Hacienda en un comunicado.

La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención.

Hacienda advirtió de que todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses. También adelantó que el importe asignado a España será necesariamente inferior a los gastos elegibles comunicados, que superan el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia de la Unión Europea.

El fondo financia parte de ciertos gastos e intervenciones de emergencia ya realizadas. Los gastos susceptibles de recibir recursos del fondo europeo son, entre otros, los destinados al restablecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación; los alojamientos provisionales de la población afectada y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; la seguridad de las infraestructuras de prevención; las medidas de protección del patrimonio cultural; y las operaciones de limpieza.

Las borrascas de comienzos de año resultaron especialmente severas en Andalucía y Extremadura, con miles de personas afectadas, graves daños económicos en sectores clave e importantes alteraciones en el medio ambiente.

Hacienda recordó que más de 12.400 personas fueron desalojadas y sufrieron múltiples cortes de suministros básicos. También se produjeron daños en la red de transportes, con 150 carreteras afectadas, y suspensión del tráfico ferroviario en líneas clave.

El impacto de las borrascas también afectó a las explotaciones agrícolas y ganaderas, provocó el aislamiento de polígonos industriales y negocios locales. Por otro lado, se vieron afectados bienes de alto valor histórico, como castillos y conventos, y se produjeron deterioros significativos en el entorno natural.

Ante esta situación, el Gobierno central aprobó en febrero un real decreto de medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en Andalucía y Extremadura.