Esta cita estaba prevista para el 29 de julio, pero las comunidades del PP pidieron una prórroga a Hacienda. Los consejeros populares adujeron que carecían de “tiempo efectivo” para introducir modificaciones al proyecto y poder analizarlo, ya que las reuniones técnicas se habían producido apenas dos semanas antes. Además, los populares entendieron que la fecha tampoco resultaba adecuada, con el país asolado por los incendios y la declaración de emergencia nacional.

España recogió el guante de los consejeros del PP y les citó para el 4 de septiembre, con la intención de mostrar su voluntad de negociar y de darles margen para estudiar la propuesta y pensar en las necesidades de financiación de sus respectivos territorios. La decisión de Hacienda no gustó ni a ERC, partido con el que se pactó cambiar la financiación y principal queja del PP, ni a Junts.

ERC calificó de “grave” este aplazamiento estival y criticó los intentos de “bloqueo” por parte del PP. Por su parte, Junts cargó contra el PSOE y el PSC, a los que acusó de “escoger al PP” frente a Cataluña con su decisión de postergar el CPFF hasta después del verano.

REFLEXIÓN SOBRE EL MODELO

A lo largo del verano, la gestión de los incendios y la reciente crisis migratoria de Ceuta han dado pie a un cruce de acusaciones competenciales entre el Gobierno central y los autonómicos, con el modelo de financiación de fondo y los recursos de cada comunidad como telón de fondo.

En sus últimas declaraciones, España ha vuelto a pedir a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que “reflexionen y prioricen los intereses de sus ciudadanos”, en lugar de atender a los postulados de la calle Génova y los intereses del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, de querer “bloquear al Gobierno de España”.

El ministro de Hacienda volvió a incidir en que la reforma del modelo de la financiación autonómica no será bilateral, en referencia a las denuncias del PP sobre el pacto entre el PSOE y ERC, porque su tratamiento siempre se desarrollará en órganos multilaterales, como el propio CPFF, “un órgano donde están todas las comunidades autónomas” o, en un futuro, en las Cortes Generales, donde “están todos los partidos políticos que son los que decidirán el modelo de financiación autonómica”.

Además, justificó la elección de Hacienda de reunirse de forma bilateral con las comunidades autónomas, porque cada región tiene sus particularidades. “En el caso de Canarias, que tiene la insularidad, tiene unas condiciones que no tiene la Rioja o que no tiene la Comunidad Valenciana”, puso como ejemplo esta semana.

Pese a su intento de acercar a las comunidades del PP, Hacienda solo logró conversar acerca del modelo de financiación con Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, todas gobernadas por el PSOE. No obstante, Castilla-La Mancha también se ha mostrado reacia a dar su aprobación al nuevo sistema en el CPFF, al contrario que Canarias, gobernada por el PP y Coalición Canarias, que garantizó su voto positivo para el CPFF suspenso de julio.

Por otro lado, el ministro de Hacienda también recalcó que el Gobierno no podrá imponer el nuevo modelo de financiación, ya que tiene que someterse a las Cortes, donde se tramitará como Ley Orgánica, lo que implica que necesita mayoría absoluta del Congreso.

El objetivo del Gobierno es que el proyecto de Ley Orgánica llegue a la Cámara Baja en este periodo de sesiones, con la vista puesta en que esté en vigor el 1 de enero de 2027. Para ello, necesitaría salir adelante con 176 votos a favor en un hemiciclo fragmentado y con pocos apoyos asegurados.

PROPUESTA DE HACIENDA

El modelo planteado por Hacienda modifica algunos de los criterios del modelo anterior, que data de 2009. El resultado de esos cambios se traduciría en 20.975 millones de euros más para las comunidades autónomas en 2027 de los que obtendrían con el modelo vigente.

La oposición al nuevo sistema parte de su origen, un pacto entre el Gobierno y ERC en el que el PP ve una cesión al independentismo. Esto provocó que, en el CPFF de enero, en el que la exministra María Jesús Montero presentó el proyecto, todos los consejeros populares abandonaran la reunión.

Ese CPFF fue solo informativo. Sin embargo, en el de este jueves, las comunidades autónomas ya conocen y han trabajado el texto del proyecto, que esta vez sí estará sometido a votación.

El borrador enviado a mediados de julio a las comunidades autónomas incluye como uno de sus puntos fundamentales el criterio de población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación. De esta forma, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades.

El Ejecutivo estableció que la población ajustada se determinará por la población padrón, que supone el 30% de la ponderación de la población ajustada. También se tendrá en cuenta la población protegida equivalente, que pretende representar el gasto sanitario, con un peso del 38%; la Educación, para determinar el gasto educativo, se tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el 17%. En este punto, también se introduce el número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades, con una ponderación del 3,5%.

Por último, para establecer la población ajustada, se tienen en cuenta los servicios sociales, que desglosan al grupo de población mayor de 65 años entre 65 a 79 años, y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del 7%. Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza y la exclusión social.

Por otro lado, se tienen en cuenta elementos como la superficie de la región, la dispersión, la insularidad y los costes fijos.

Con esta nueva propuesta de financiación, Hacienda también busca incrementar la capacidad tributaria de las comunidades, para que tengan más ingresos y autonomía, con el objetivo de aumentar sus recursos en casi 16.000 millones en 2027.

Fuentes de Hacienda insistieron en que la modificación más significativa es el incremento de la cesión por IRPF e IVA. Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%. Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.

El modelo también se basa en una nivelación horizontal que se traduce en garantizar que todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado a partir de su capacidad tributaria. Así, las autonomías con financiación por habitante ajustado por debajo de la media recibirán más recursos, mientras que las que están por encima de la media aportarán para el bien común del sistema.

En lo que respecta a la nivelación vertical, se recibirá una aportación de 19.000 millones con el objetivo de reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad con la que más recursos tiene, que es Madrid. Los recursos que el Estado aporta inicialmente a la nivelación vertical procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en 2/3 la distancia de todas las comunidades respecto a la que tiene mayores recursos.

OTROS ELEMENTOS

Los parámetros anteriores suponen casi el 99% de los recursos autonómicos, pero el modelo contempla otros elementos. Entre ellos, está el Mecanismo IVA Pymes, que permitirá a las comunidades autónomas recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio.

Por otro lado, Hacienda creó en este nuevo modelo el Fondo Climático, dotado de unos 1.000 millones. De esa cantidad, dos tercios se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada.

La propuesta de financiación del Ministerio también garantiza el statu quo de las comunidades, que se financiará con aportaciones de la Administración central, que aportará a este fin unos 400 millones que beneficiarán especialmente a Cantabria y Extremadura.

Al margen del modelo de financiación, se reformularán los Fondos de Compensación Interterritorial para favorecer el dinamismo económico en las comunidades autónomas cuyos recursos por habitante ajustado estén por debajo de la media. El objetivo es reforzar la convergencia territorial de tal forma que puedan impulsar su economía, infraestructuras y productividad.