El plazo de presentación de comentarios y observaciones se abrirá este jueves, 15 de mayo, y culminará el viernes 30 de mayo.

Hacienda explicó en el texto que la quita de duda busca “revertir este exceso de endeudamiento de las comunidades autónomas”, que comenzó con la crisis financiera de 2008. Así, el conjunto de la deuda de las comunidades autónomas pasó del 8,7% en 2009 al 20,6% del PIB en 2013, a pesar del “significativo ajuste de gasto” al que se sometieron.

La cartera de Montero detalló que la condonación es “una medida excepcional”, que se aprobó en el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero de 2025, del que se levantaron todas las comunidades gobernadas por el PP, que se oponen a esta medida.

El paso siguiente es “la materialización de la medida”, para lo que se requiere su aprobación mediante ley orgánica, para lo cual se ha iniciado su tramitación legal, que incorpora el trámite de consulta pública.

Hacienda sostiene en el texto que la quita de 83.252 millones de euros a las comunidades de régimen general “pretende aliviar el sobrendeudamiento (…) mediante la asunción de parte del endeudamiento autonómico por el Estado”. De esta forma, se reducirá el gasto por intereses y se facilitará la vuelta gradual de las comunidades a los mercados para obtener financiación.

No obstante, esta condonación se regirá “por el principio de voluntariedad”, como ya había avanzado Montero y recalca ahora el texto, de manera que serán las comunidades autónomas las que “deberán aceptar la aplicación de esta medida en los términos que se prevean en la norma reguladora de la medida”.

Hacienda justificó en el texto del anteproyecto que los objetivos de la norma son la reducción de su nivel de endeudamiento y evitar la aparición de problemas de riesgo moral. Por ello, concretó las modalidades de deuda a las que les resultará aplicable la medida de absorción y recalcó que se trata de algo excepcional y puntual.

Los tramos y criterios de cuantificación de la deuda autonómica serán los aprobados en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 26 de febrero de 2025.

Asimismo, se buscará que la quita “tenga un impacto neutral en términos de deuda y déficit de las Administraciones Públicas en su conjunto”, para lo que se producirá “un traspaso de pasivos entre distintos niveles de la administración que no afecte al volumen de deuda agregado del conjunto de Administraciones públicas”.

Hacienda descartó en el texto del anteproyecto de ley que existan otras medidas o soluciones alternativas para reducir la deuda.

CONDONACIÓN POR COMUNIDADES

Con la propuesta presentada en febrero por Hacienda, a Andalucía se le condonarían 18.791 millones de euros; a Aragón, 2.124; a Asturias, 1.508; a Baleares, 1.741; a Canarias, 3.259; y a Cantabria, 809 millones de euros.

En el caso de Castilla-La Mancha, la condonación sería de 4.927 millones de euros, en tanto que la de Castilla y León asciende a 3.643 millones de euros. Por su parte, Cataluña aspiraría a una condonación de 17.104 millones de euros. Para Extremadura, quedará en 1.718; para Galicia, en 4.010; y para La Rioja, en 448.

Hacienda calculó una condonación de 8.644 millones de euros para la Comunidad de Madrid; de 3.318 para la Región de Murcia; y de 11.210 para la Comunidad Valenciana. La condonación sólo aplica a las comunidades de régimen general.