Así lo reivindicó en un comunicado en el que recordó que, de los más de 200 fallecidos por la dana de Valencia, 104 eran mayores de 70 años, un dato que, a su juicio, “evidencia, una vez más", que las personas mayores "son quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad ante las emergencias y desastres naturales”.

“Hoy, muchas de ellas siguen sin poder recuperar plenamente sus vidas: viviendas aún dañadas, ascensores inoperativos, centros cerrados y dificultades para acceder a ayudas o créditos bancarios debido a su edad”, abundó, al tiempo que consideró que, aunque “se han dado pasos importantes”, como el anuncio del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, “todavía faltan herramientas esenciales” como un protocolo de actuación específico para personas mayores en caso de emergencia.

Además, lamentó la ausencia de políticas públicas que incorporen una “verdadera perspectiva de ciclo de vida” y “garanticen la protección de todas las personas, sin importar su edad”.

“Las personas mayores no pueden seguir siendo invisibles en los planes de emergencia; protegerlas es una cuestión de justicia, no de caridad”, apostilló, al tiempo que abogó también por garantizar que las administraciones locales dispongan de formación y recursos para “identificar y apoyar a quienes viven solas o en zonas de difícil acceso”.

APRENDER DE LA DANA

Junto a ello, exigió asegurar que la información climática y de riesgo sea “accesible, clara y adaptada a todas las edades” y considerar criterios de accesibilidad y adaptación al envejecimiento en la reconstrucción “postdesastre”.

“Las emergencias climáticas son una realidad cada vez más frecuente. Aprender de la dana y otras emergencias graves, como los recientes incendios y actuar en consecuencia no es opcional, es una obligación ética y política”, sentenció, convencida de que “una sociedad verdaderamente resiliente es aquella que protege a todas las generaciones”.