La junta de acreedores, que se reunió hoy en la capital balear, aprobó por unanimidad el convenio presentado por la constructora de las hermanas Koplowitz, que a su vez era la principal acreedora de la concesionaria las obras del túnel que atravesará la Sierra de Alfabia (Mallorca).

Fomento de Construccones y Contratas exigía a la concesionaria, propiedad de Antonio Quart, una deuda de 2.050 millones de pesetas, cantidad que ha trasformado en acciones, con lo que ha adquirido la mayoría del accionariado de la compañía concesionaria.

La decisión de la junta de acreedores supone el cobro de una deuda que ascendía a casi 3 mil millones de pesetas. Además de Focsa, la Banca March figura también en la lista de acreedores de la concesionaria con 400 millones de pesetas e, incluso, la agencia Brokerval le eclama casi 10 millones de pesetas.

La entrada de la constructora de las Koplowitz permite relanzar las obras del túnel de Sóller, aunque todavía son necesarios 3.600 millones de pesetas en créditos bancarios que "están prácticamente otorgados por la solvencia de FOCSA", según dijo hoy el consejero de Obras Públicas del Gobierno balear, Bartolomé Reus, quien adjudicó la concesión del túnel hace cinco años por un valor de 6 mil millones de pesetas.

Las obras de túnel de Sóller llevan paralizadas ms de un año por la insolvencia de Antonio Quart S.A y aún queda por horadar la mitad del terreno hacia el interior de la montaña que comunicará la localidad de Sóller, en el norte de Mallorca, con la carretera que conduce a Palma de Mallorca.

La quiebra de la sociedad concesionaria del túnel de Sóller se produjo poco antes de la aparición del denominado "escándalo Brokerval". Un total de 80 de los acreedores del túnel de Sóller eran a su vez inversores de la agencia de valores que funcionaba como "cueta B" para el blanqueo de 'dinero negro'.

El titular del juzgado de primera instancia número 5 de Palma de Mallorca decretará el próximo mes de septiembre el levantamiento de la quiebra solicitada hoy por la junta de acreedores.

Para el consejero de Obras Públicas, esta adquisición supone "el principio del fin de un asunto que quiso ser politizado por los socialistas para manchar la imagen del Gobierno Balear". La oposición había solicitado meses atrás la constitución de una comisión de investigaión sobre estas obras, que fue rechazada con los votos del Partido Popular en el Parlament Balear.