La decisión del Gobierno Hormaechea, que también afecta a la técnico Paloma Lanuza Alonso, se ha mantenido en secreto y todavía no ha sido puesto en conocimiento de las afectadas, las cuales tienen un plazo de dos meses a partir de la comunicación oficial para entablar un recurso contencioso-adminitrativo contra la Administración regional.

Juan Hormaechea ha venido manteniendo desde que conoció su procesamiento y que el ponente de la sentencia sería Claudio Movilla que el nombramiento de la mujer de éste como técnico de actividades pesqueras era ilegal y que iba a prescindir de sus servicios.

Esta decisión del Consejo de Gobierno cántabro se enmarca, según algunas fuentes cercanas al 'caso Hormaechea', en un intento más de reforzar las tesis del presidente regional para recusar a Claudio Mvilla como ponente de la sentencia de su procesamiento.

Hay que recordar que en el escrito de recusación presentado por la defensa del jefe del Ejecutivo cántabro se alude a una supuesta "enemistad manifiesta" entre Juan Hormaechea y Claudio Movilla con motivo del pleito mantenido por la contratación de la mujer del presidente del TSJC por la Diputación Regional.

El escrito recusatorio entiende que Movilla ha lanzado descalificaciones contra el presidente cántabro por este motivo. El máximo resposable de la judicatura cántabra esgrimió en su descargo, entre otras cosas, que su esposa no mantiene un conflicto contra Juan Hormaechea, sino en todo caso contra la Diputación Regional.

Después de conocerse la noticia de su procesamiento, Juan Hormaechea inició sus ataques contra la contratación de la mujer del Claudio Movilla como bióloga de la Diputación Regional.

Entre los argumentos esgrimidos por el presidente cántabro se encuentran la urgencia con la cual el gobierno de gestión presidido or el socialista Jaime Blanco convocó el concurso para cubrir esta plaza. A juicio de Hormaechea, esto supone una "irregularidad del procedimiento de selección" existente en la Administración autónoma.

Se da la circunstancia de que la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno presidido por Juan Hormaechea no tiene precedente en la región. Además, un informe solicitado por el propio Ejecutivo regional al Consejo de Estado sobre esta contratación estimaba el concurso oposición por el cual las dos funionarias habían llegado a su cargo como ajustado a la norma.