En concreto, las siete formaciones políticas registraron esta iniciativa en la Cámara Baja el pasado 19 de noviembre y la presentaron en una rueda de prensa conjunta. El redactor de la misma es el exdiputado de ERC Joan Ridao y se trata de una proposición de ley que no cuenta con la firma de Junts, ya que este partido se “ha autoexcluido” de este proyecto y por eso no lo firma.

Durante la elaboración de esta iniciativa parlamentaria, explicaron en la citada rueda de prensa, se habló con el PSOE, que está “abierto” a su trámite, pero hay cuestiones “más difíciles” de asumir para los socialistas, como por ejemplo “todo lo que pueda afectar al Poder Judicial”. Pese a ello, los firmantes esperan contar con su apoyo para salga adelante y se pueda tramitar.

La norma exige “procedimientos administrativos y plataformas digitales disponibles en todas las lenguas oficiales"; criterios lingüísticos en la contratación pública y en ámbitos sectoriales como Consumo, Transportes, Seguridad, y Audiovisual, y que “la lengua propia sea nuclear y de dominio equivalente con el castellano al finalizar la etapa básica” en educación.

Concretamente, sitúa como objetivo central garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del poder judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, con plena validez jurídica.

Entre los ejes de la reforma destacan medidas en la Administración de Justicia, como el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta del castellano, así como la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.

La iniciativa también incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales clave como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual, donde se refuerza de manera significativa la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano.

En el ámbito educativo, la ley establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma será normalmente vehicular, con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano al finalizar la educación básica. Según los grupos promotores, esta medida “refuerza la igualdad de oportunidades y certifica una competencia lingüística equilibrada en todo el territorio”.

Los partidos firmantes subrayan que la propuesta supone “un salto cualitativo en la protección del patrimonio lingüístico” y en la garantía de derechos, pasando de un reconocimiento “meramente declarativo” a “un plurilingüismo efectivo, operativo y plenamente respetuoso con la realidad lingüística del Estado”.