La fecha fue anunciada por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista en TVE, pese a que inicialmente ni UGT ni CCOO quisieron confirmar este extremo hasta la reunión de esta tarde. Sí fue el Sindicato de Inquilinas el que defendió esta fecha y explicó que la llevaría a la reunión con las dos centrales sindicales mayoritarias. Álvarez explicó que la fecha está cerrada con CCOO y que se confirmará esta tarde con el Sindicato de Inquilinas.

Fue este lunes cuando CCOO y UGT decidieron convocar una jornada de huelga general para exigir que se garantice el derecho a la vivienda, una petición que ha planteado reiteradamente el Sindicato de Inquilinas, después del desahucio de Maricarmen y de que Junts, PP y Vox tumbaran en el Congreso los dos decretos con medidas para intentar frenar lanzamientos e impedir subidas del precio del alquiler.

Este revés parlamentario propició que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se adentrara en un fin de semana de reflexión que desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas el 29 de noviembre, en un clima marcado por una movilización de movimientos sociales para denunciar la “colonización del rentismo” del mercado de la vivienda.

Con las acampadas primero en Sol y luego en otras ciudades, y después de la derogación de los reales decretos-ley de vivienda, el Sindicato de Inquilinas recrudeció la presión sobre CCOO y UGT para convocar una huelga general. Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo Y Pepe Álvarez, indicaron entonces que es una medida compleja que debería analizarse internamente.

Ello, mientras el Consejo de Ministros aprobó, con matices, dos nuevos decretos sobre vivienda este martes, que se tendrán que someter a votación en el Congreso, pero ya con las cortes disueltas por la convocatoria de elecciones. En consecuencia, se someterá a votación en la Comisión Permanente, en la que Junts ya no es necesario para que el Ejecutivo pueda ahormar una mayoría absoluta para aprobar normas.

Por su parte, la CEOE ha manifestado en los últimos días que no ve adecuada una medida de este tipo, dado que no se trata de una cuestión meramente laboral. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, también rechazó las medidas de los dos decretos de vivienda y denunció que el Gobierno trata de resolver una crisis “invadiendo” la propiedad privada de los ciudadanos.