La protesta, iniciada el 1 de febrero, fue convocada por los empleados de la UTE FCC‑Aqualia tras el fracaso de las conversaciones sobre la firma de un convenio colectivo propio que regule salarios, jornadas y derechos laborales en condiciones que consideran dignas. Los sindicatos denuncian que la situación de precariedad se mantiene desde hace décadas, con sueldos congelados y condiciones “insuficientes” frente al volumen del contrato y la importancia del servicio.

El grupo municipal Con Málaga, del que forman parte Podemos e Izquierda Unida, ha llevado el conflicto al último pleno del Ayuntamiento, presentando una moción para exigir al alcalde que actúe como mediador y convoque a todas las partes a una mesa de negociación urgente para solucionar la huelga y atender las demandas de los trabajadores.

Desde los sindicatos se ha alertado además de la reciente notificación de despido de dos trabajadores en el contexto de la huelga, una medida que han calificado de “absolutamente injustificable” y que ha añadido más tensión al conflicto. Según explican representantes de la plantilla, estos despidos se produjeron incluso después de la programación de una reunión entre las partes para intentar desbloquear la situación.

En una nota de prensa, el sindicato CGT Málaga ha denunciado lo que consideran una “complot” entre el Ayuntamiento y la concesionaria FCC/Aqualia, afirmando que cada día resulta más evidente que “no se sanciona a FCC/Aqualia por incumplir el contrato desde el 1 de noviembre”, a pesar de que han reducido el servicio desde que comenzó la huelga. Además, han subrayado que ni siquiera se plantea la rescisión del contrato, a pesar de las claras evidencias de irregularidades, según el mismo sindicato.

Durante estos 26 días, los trabajadores han mantenido marchas, concentraciones y acciones de protesta frente al Ayuntamiento, Emasa y la sede de la UTE, denunciando la falta de avances concretos y reclamando el reconocimiento de su labor como actividad “penosa, tóxica y peligrosa”, así como la regulación de la jornada que permita una conciliación familiar adecuada. El conflicto continúa, sin fecha prevista para una nueva negociación formal entre las partes, y con la plantilla decidida a mantener las movilizaciones mientras no se ofrezcan soluciones que consideren satisfactorias.