Según informaron fuentes jurídicas a Servimedia, la movilización supondrá con toda probabilidad la suspensión de una declaración prevista en la instrucción de la pieza 10 del caso ‘Púnica’ relativa a adjudicaciones irregulares en varios municipios de la comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Ha sido la propia Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia la que ha advertido de que la huelga que mantendrán afectará al normal funcionamiento de los órganos judiciales en toda España y también de la Audiencia Nacional.

La jornada de huelga supondrá “que se vean suspendidas todas las declaraciones de testigos e investigados en las causas penales que se están tramitando (en la Audiencia Nacional). Por ejemplo, en el 'caso Púnica’. Asimismo, pudieran verse afectadas las declaraciones previstas en la causa ‘Villarejo’”, avisa la UPSJ en un comunicado.

Los letrados judiciales reclaman a la Administración interlocución propia en la negociación de sus condiciones de trabajo, que ahora sólo recae en las organizaciones sindicales, y aumentar su salario “en consonancia con las más 600 funciones asignadas al cuerpo superior jurídico a coste cero”.

A la convocatoria de la UPSJ se ha sumado la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia y se han constituido asambleas por todo el país que se han ido sumando a la movilización.

El magistrado Manuel García Castellón y ha acordado la suspensión de la declaración de Teresa Majagranzas, empleada del Ayuntamiento de Alcobendas, por la imposibilidad de celebrarla sin la asistencia de los Letrados de la Administración de Justicia. Tampoco se podrán celebrar declaraciones relacionadas con el ‘caso Villarejo’.

Los letrados han decidido ir a la huelga ante el “flagrante incumplimiento" de lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 sobre la adecuación del complemento específico del personal al servicio de la Administración de Justicia. Además, piden el pago “inmediato de los 195 euros fijados en el vergonzoso acuerdo alcanzado con los sindicatos" y que contemplan como el primer pago de la actualización a la que obliga la ley.