Pese a esta respesta favorable de la plantilla, los tres sindicatos que no firmaron el acuerdo con Iberdrola en octubre (ELA-STV, CGT-PLA y Sindicato Independiente de la Energía -SIE-), han presentado sendas demandas de impugnación ante la Audiencia Nacional, solicitando la anulación, por ilegales, de algunas cláusulas del acuerdo.

La demanda se centra, entre otras cuestiones, en la nueva 'escala salarial de ingreso' y el establecimiento de un nuevo plan de pensiones incompatible con el vigente.

Julio León, secrtario general del SIE, último en presentar su demanda ante los tribunales, indicó a Servimedia que "la empresa pretende hacer un nuevo plan que integre los derechos de los trabajadores de las dos compañías resultantes de la fusión de Hidrola e Iberduero con el mismo dinero del plan que había hasta ahora para un número inferior de trabajadores".

Esto significa, señaló, "que con el mismo dinero que puede costar el plan de Iberdrola II, ahora existente, y que afecta a unas 5.700 personas, se pretende hacr un nuevo plan para más de 12.000 trabajadores, lo que equivale a una pérdida de derechos sociales ya adquiridos".

También acusa a la empresa y los sindicatos firmantes, que acumulan el 63% de la representación sindical (CCOO, UGT, ASCI y USO) de pretender evitar el control de una comisión para el Plan de Pensiones de Iberdrola, al realizar el proceso de forma extraestatutaria.

Por su parte, la dirección de Iberdrola aseguró que respetan las discrepancias de estos sindicatos, pero insisten en qu se trata de un acuerdo muy beneficioso para los trabajadores, como lo demuestra el fuerte nivel de adhesión que ya se ha obtenido a falta de agotar buena parte del periodo para que se produzcan las ratificaciones individuales de los trabajadores.