Según informó Iberdrola, las entidades beneficiarias han de carecer de recursos para afrontar el gasto y tener un fin que persiga el interés general.

Para que la iniciativa se lleve a efecto es necesario que el profesional jurídico de Iberdrola que quiera desarrollar esta actividad se sume voluntariamente, y que esa ayuda no afecte a sus funciones laborales. Ni la empresa ni el profesional cobrarán retribución alguna al beneficiario.

Desde los Servicios Jurídicos del grupo Iberdrola entienden que, en consonancia con el compromiso social de la empresa, esta iniciativa forma parte de la responsabilidad ética y profesional que se les exige a los profesionales de la abogacía. Además, da respuesta a las inquietudes de los profesionales del grupo, incrementadas por el contexto social adverso.

Las solicitudes de asistencia pueden llegar a través de diferentes canales. Tendrán una especial relevancia las que lleguen a través de las fundaciones vinculadas al grupo Iberdrola.

Este compromiso social de los profesionales jurídicos de Iberdrola se desarrollará durante el horario de trabajo. El objetivo es contribuir a la mejora de las sociedades en las que la compañía se asienta. El fin es la mejora de las condiciones de vida de las personas más necesitadas a través de la acción de las organizaciones sin ánimo de lucro.