La sentencia se debe a una denuncia interpuesta por un trabajador de la compañía aérea en Tenerife, que asegura fue represaliado tras apuntar los fallos, que han costado 807 millones anuales.

El empleado de Iberia, Alfonso Caparrós, tras descubrir los fallos y aportar las soluciones, solicitó una gratificación de 200 millones de pesetas. La compañía no sólo no le gratificó sino que le trasladó a la isla de El Hierro.

Según la sentencia, que hoy publica La Gaceta de Canarias, se considera probado que se le represalió "al haberle desplazado a la oficina de Valverde del Hierro y habérsele negado un permiso reglamentario".

Asimismo, el TSJC estimó que la gratificación que Iberia le debe a Caparrós es de 25.000 pesetas, ya que "la labor del actor, aún produciendo beneficios económicos de cierta entidad, no supone un gran esfuerzo de tiempo e inventiva, pues incluso calquier cliente de la compañía que observe las líneas servidas directamente por Iberia puede observar la ruta más rentable para la compañía a un destino no servida por ésta, símplemente viendo un mapa".

La actuación de Caparrós puso de manifiesto que en la ruta Madrid-Jakarta se podría ganar hasta un 80%, en la ruta Madrid-Papeete un 68% y en la Madrid-Auckland el beneficio ascendía al 52%, con sólo variar las rutas.