Según el informe ‘La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras en España’, que fue presentado este martes, entre 2013 y 2022 habrían sido necesarios más de 17.000 millones de euros adicionales en inversión de mantenimiento (1,1% del PIB) para evitar que el stock comenzara a deteriorarse.

El informe del IEE examina la evolución reciente de la inversión en España y, en particular, de la inversión en infraestructuras. El objetivo consiste en evaluar el esfuerzo inversor del país en comparación con su entorno europeo, analizar la evolución del stock de capital en infraestructuras y estimar el déficit de inversión acumulado en los últimos años.

A partir de este diagnóstico, el informe identifica las principales necesidades de inversión y plantea una serie de líneas de actuación orientadas a reforzar la dotación y el mantenimiento de las infraestructuras en España. La menor intensidad inversora resulta especialmente visible en el ámbito de la inversión pública. La FBCF de las Administraciones públicas representa, en España, el 2,7% del PIB, una de las ratios más bajas de Europa. En contraste, el promedio de la Unión Europea se sitúa en el 3,4% del PIB, lo que evidencia un diferencial significativo en el esfuerzo inversor del sector público.

Esta diferencia implica que cerca de la mitad de la brecha total de inversión entre España y la Unión Europea se concentra en el sector público. En términos económicos, el menor esfuerzo inversor de las Administraciones públicas supone un déficit medio, aproximado, de 10.500 millones de euros anuales.

A este respecto, el IEE advierte de que una menor intensidad inversora pública limita la capacidad para desarrollar, modernizar y mantener las infraestructuras necesarias para sostener el crecimiento económico y la competitividad del país.

Por otro lado, indica que la inversión pública en infraestructuras en España ha experimentado una evolución muy marcada durante las últimas dos décadas. El análisis del periodo muestra dos etapas diferenciadas. En la primera, que se extiende hasta el año 2009, se produjo un ciclo inversor impulsado, en parte, por la disponibilidad de fondos europeos y por una estrategia orientada a ampliar la dotación de infraestructuras del país. Durante esos años, la inversión en infraestructuras alcanzó niveles históricamente elevados y contribuyó a aumentar, de forma significativa, el stock de capital público.

Sin embargo, a partir de la crisis financiera internacional se produjo un cambio en la evolución de estas inversiones. Las necesidades de consolidación fiscal llevaron a una reducción sustancial del gasto público en capital y, en particular, de la inversión en infraestructuras.

Por último, concluye que, aunque en los últimos años se ha observado una cierta recuperación asociada al crecimiento económico y a la llegada de nuevos fondos europeos, el nivel de inversión sigue siendo significativamente inferior al registrado antes de la crisis.

En concreto, en 2024 la inversión en infraestructuras públicas se sitúa en torno a 13.000 millones de euros, una cifra todavía muy alejada de los máximos alcanzados en la década anterior.