Así lo indicó Igea en una nota de prensa, haciendo alusión a las palabras que García-Gallardo dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que, acompañado por el concejal de Vox en Medina del Campo, Alberto Amigo, rechazaba la llegada de 183 inmigrantes a este municipio y decía “no a la invasión migratoria”.

En la citada nota de prensa, Igea destaca que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Santiago Mena Cerdá, procedió a dictar decreto por el que archivan las diligencias de la denuncia por presuntos delitos de odio y discriminación por partel vicepresidente de esta comunidad.

En el escrito, Mena entiende que no alcanzan la gravedad y relevancia suficiente para imponer una sanción penal y advierte de que “aún siendo reprobables socialmente las expresiones despectivas y desde luego desafortunadas que se recogen en alguno de los comentarios, su contenido ofensivo no cumple a nuestro juicio el requisito de gravedad que es exigible”.

Por su parte, Igea recordó que el Comité de Ética Pública aún no se ha pronunciado ante el escrito que se registró el pasado 30 de noviembre y por el que solicitó la reunión de la Comisión de Ética Pública ante una “violación flagrante” del Código Ético por parte de García-Gallardo ante “una violación” del artículo sexto del Código Ético y, por tanto, una “infracción grave”.

El artículo sexto de dicho Código establece que los altos cargos en actos públicos o privados “evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios”, destaca Igea.