Iglesias formuló esta interpretación en el podcast ‘La Base’ que dirige y presenta, hoy dedicado a este tema. Diagnosticó que “parece que el PSOE no está por la labor de investigar” y se mofó de las afirmaciones de la portavoz del Gobierno, “la portavoz del presidente del Gobierno en este caso”, Isabel Rodríguez, de que en España no se intervienen conversaciones fuera de la ley, cuando él ve “evidente” que se ha hecho.

“No puede ser que el negacionismo llegue también a Moncloa”, denunció, acusando expresamente a Pedro Sánchez de pedir a su portavoz que “haga como el avestruz” y apuntando que “los Estados no pueden renunciar a su legalidad por ningún tipo de propósito”, pues esto distingue a los Estados democráticos de los autoritarios.

Es más, el exvicepresidente y exlíder de Podemos interpretó el hecho de que los socialistas rehúyan el caso del espionaje a que “llevan las cloacas tatuadas en su ADN”. Pero, en lugar de que se sugiera a Unidas Podemos abandonar el Gobierno, sugirió al PSOE que “pacten un Gobierno con el moderado y centrista” Alberto Núñez Feijóo. Y, entonces, retó “a ver cuántos votos tiene Pedro Sánchez si pacta con el PP”.

En el programa intervinieron algunos de los espiados, empezando por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, quien dijo que “esta perversión del sistema democrático es angustiosa” y exigió al Estado que proteja a las víctimas para restaurar la confianza de los ciudadanos en lugar de comportarse “como la Iglesia ante los abusos” y “mirar para otro lado”.

Puigdemont se reafirmó en su conclusión habitual de que el Estado español es irreformable, porque “reformar el Estado no es cambiar de Gobierno sino abrir el capó de ese vehículo y cambiar todo”. Desde su punto de vista, “España es un decorado para todo eso”, y la “apariencia de sistema democrático juega en contra”, porque “le hace ser menos exigente al régimen”, que “se ha acostumbrado a resistirlo todo”, a “no rendir cuentas” y “dejar pasar el tiempo”.

Tras él, quien fuera su expresidente, el líder de ERC Oriol Junqueras, puso énfasis en que el espionaje, “o se hace con el permiso y la orden explícita del Gobierno español o en el fondo también se está haciendo contra el Gobierno de España”, dado que también “se espía a todas las personas que hablan con las personas a las que se espían”.

Junqueras agradeció que “una parte del Gobierno español, afortunadamente para la democracia, se ha desmarcado”, en referencia a Unidas Podemos, y a la vez advirtió al PSOE: “No vamos a regalar la bandera del diálogo y la negociación a quien no se la merece. Y una parte del Gobierno español no se la merece”. Finalmente, llamó la atención sobre que “deberían ser los no independentistas los más interesados en esclarecer los hechos”, puesto que son ellos los que están perdiendo prestigio y capital político.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, partió de que en todos los Estados se espía, pero que en España el problema es que no hubo ruptura en la Transición sino que sigue el mismo Estado profundo que piensa que todo vale para acabar con el adversario político.

Iglesias, que había preguntado en vano a Puigdemont por una posible alianza de demócratas que éste tachó de inútil por juzgar irreformable el Estado, se dijo más cercano a la posición de Otegi, partidario de mantener esas alianzas, porque a su juicio lo que se está jugando es una batalla entre “una cierta democracia liberal” y un Estado autoritario si gobiernan PP y Vox.

Finalmente, el diputado de la CUP Albert Botran apuntó que le gustaría que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se hubiera puesto en contacto con él y le hubiera apoyado por haber sido espiado en tanto que miembro de la Cámara. Y, al no haberlo hecho, interpretó que se le considera como “representante de segunda” o incluso como “enemigo”.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y jueza en excedencia, Victoria Rosell, corroboró que sólo un juez puede ordenar un espionaje en cualquier tipo de dispositivo electrónico, pero también que les consta que se han realizado otras grabaciones y pinchazos de forma ilegal, y sentenció que el peligro “no es para los otros”, los espiados, sino para todos los ciudadanos, cuyas vidas privadas están expuestas a una “vulnerabilidad” que consideró "máxima”.