Así se expresaron fuentes del Ministerio de Irene Montero que denuncian que el texto que se aprobará mañana "no responde a lo demandado por los organismos internaciones o el convenio de Varsovia. Tampoco por lo planteado en numerosas ocasiones por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual".

Asimismo, precisaron que desde Igualdad "seguimos trabajando para que el texto cuente con la mayor garantía para que se protejan los derechos de las víctimas de trata y explotación sexual. Por ello es imprescindible que el texto incluya la posibilidad de que las víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres".

Para Igualdad, agregaron las mismas fuentes, "es necesario que el proceso de acreditación a víctimas incluya a las organizaciones que están a pie de calle y con las víctimas como parte del proceso de acreditación y totalmente validadas para ello. Finalmente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género debe formar parte de las competencias de esta Ley como organismo competente en la lucha contra todas las formas de trata".