Así lo indicó la titular de Igualdad en una respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de Isabel Pozueta Fernández, que interrogó a al ministra sobre las medidas que el Gobierno va a tomar para asegurar "el acceso libre, seguro, confidencial y digno a los centros sanitarios que practican interrupciones voluntarias del embarazo".

Redondo explicó que el Instituto de las Mujeres, dependiente de Igualdad, está ya estudiando establecer un área de seguridad en torno a las clínicas "para evitar la erradicación, la ubicación de estas entidades y asociaciones abortistas que lo único que pretenden es coaccionar, hostigar y limitar el derecho de las mujeres".

"Estamos trabajando y desde luego estamos preocupadas, también es verdad que hay un recurso pendiente y esperamos que la justicia dé la razón y aplique la ley", indicó la ministra, que afirmó que "frente a quienes hostigan y pretenden cercenar nuestros derechos, la libertad de las mujeres sobre el propio cuerpo, vamos a seguir avanzando".

Recordó Redondo que el Ejecutivo está "trabajando para blindar el derecho al aborto en la Constitución en el artículo 43" y también que el Gobierno se ha marcado como objetivo "garantizar ese derecho en los hospitales públicos, porque me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres".

La diputada de Bildu insistió en señalar que los poderes públicos deben "asegurar una protección reforzada frente a cualquier forma de presión, intimidación, señalamiento, acoso o interferencia que pueda condicionar directa o indirectamente el ejercicio libre y autónomo de la decisión de cualquier mujer, así como el el acceso a efectivo a una atención sanitaria digna, confidencial y libre de estigmatización".