El escrito remitido por Igualdad al CGPJ pide también la incoación de las correspondientes diligencias informativas y, en su caso, la apertura de un expediente disciplinario contra el magistrado por la posible comisión de una “falta grave” y por cualquier “otra infracción disciplinaria que pudiera derivarse de los hechos”.

Asimismo, el ministerio liderado por Ana Redondo solicita que se valore el impacto de estas manifestaciones en la “garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijos, así como de las mujeres y niñas víctimas de violencias sexuales, conforme al ordenamiento jurídico y los estándares internacionales aplicables”.

Las declaraciones del magistrado, hechas el pasado 18 de febrero en un acto formativo en el Colegio de la Abogacía de Madrid y difundidas por La Sexta el pasado miércoles, se consideran “incompatibles” con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción a la ley exigibles a un juez.

El magistrado expresó, entre otras cosas, que muchas denuncias de mujeres “no tienen demasiado sentido”, que existe una “caza de la orden de protección”, que el sistema concede “tantas ventajas” a las mujeres al denunciar, así como que las mujeres son “enemigas acérrimas” de la custodia compartida y que las madres manipulan a los hijos (“lavado de coco”) contra su padre.

Igualdad considera que estas palabras trivializan la violencia de género porque cuestiona implícitamente la credibilidad de las víctimas y “alimenta el bulo de las denuncias falsas”, y desacredita la finalidad protectora de las medidas judiciales (custodia u órdenes de protección).

Del mismo modo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género subraya la “falta de perspectiva de género y uso de estereotipos de género, contrarios al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución”, en las palabras del juez porque analiza conflictos desde “prejuicios” sobre las mujeres.

Igualdad también cree que el juez usa un lenguaje y una actitud “tránsfoba” hace una “deslegitimación” de la identidad de género de las personas trans mediante expresiones que reducen su identidad a un dato biológico o registral.

En esta línea, la carta de igualdad sostiene que las declaraciones del juez suponen un uso implícito de “teorías sin aval científico” como el denominado “síndrome de alienación parental”, y representan una negación de los menores como víctimas de violencia machista. La carta recuerda que la ley reconoce a hijos como víctimas de la violencia de género y la existencia de la violencia vicaria.

Así pues, el Gobierno afirma que los hechos podrían constituir una “falta grave” conforme al artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por abuso de autoridad o falta de consideración, además del incumplimiento del deber de neutralidad e imparcialidad.

Finalmente, Igualdad destaca la “especial gravedad” de que estas declaraciones se hayan producido en un contexto formativo, por su potencial para influir en otros operadores jurídicos, desincentivar denuncias y generar violencia institucional, y que estas actitudes son “incompatibles” con el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de violencia sobre las mujeres (art. 24.1 de la Constitución).