Lo hizo en la rueda de prensa que ofreció junto con la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, al término de la reunión del comité de crisis que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Igualdad tras el asesinato de diez mujeres a manos de sus parejas o exparejas en septiembre, mes en el que se alcanzaron 50 asesinatos machistas, un guarismo que supera los 49 registrados el año pasado.

En el comité de crisis participan, además del Ministerio de Igualdad, todas las instituciones involucradas en la lucha contra la violencia de género: comunidades autónomas, la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia.

Ángela Rodríguez dejó claro que septiembre fue, con diez mujeres asesinadas, “uno de los peores meses desde que existen recuentos”, por lo que, si se añade que en él se superaron los asesinatos machistas registrados en todo 2022, es el momento de “hacer una reflexión diferente y de subir un poco más el volumen”.

Esto le sirvió para reclamar “un ejercicio de responsabilidad social a todos los poderes públicos y toda la ciudadanía” articulado en torno a la siguiente máxima: resulta “imprescindible abandonar el negacionismo, lo que puede salvar vidas, y romper el silencio” que se cierne sobre la violencia de género, ya que “el silencio cómplice no es más que la complicidad con los agresores”.

"ABANDONAR EL NEGACIOSMO"

Abundó en que “abandonar el negacionismo es fundamental para salvar vidas” y consideró “preocupante” que España haya estado “tanto tiempo” enfrascada en una “conversación sobre si existe o no esta violencia cuando tenemos a 50 asesinadas” A su juicio, la preocupación debería centrarse en “cómo llegar a tiempo para salvar a estas mujeres, no en si la violencia que sufren estas mujeres existe”.

La secretaria de Estado de Igualdad dejó claro que “la prioridad de este país debe estar absolutamente centrada en la detección proactiva” de casos de violencia machista; una detección que no ha de reducirse a los servicios especializados para las víctimas, sino que ha de abarcar “todos y cada uno” de los ámbitos de la sociedad, como el educativo, el sanitario -especialmente el área dedicada a la salud mental-, los servicios de atención a domicilio, los profesionales que ayudan a las personas con discapacidad y quienes atienden a las personas en situación de dependencia.

Tras recordar que el 016 no sólo está disponible para las víctimas, sino también para las personas de su entorno, insistió en que “la única forma de llegar a tiempo para salvar a una mujer” pasa por “ser conscientes de la violencia que sufren”, lo que pasa por “ofrecer una detección proactiva”.

Puso como ejemplo de esa “detección proactiva” la introducción de “preguntas obligatorias” sobre la situación que viven en sus casas a aquellas mujeres que llevan 30 años visitando a profesionales de salud mental del Sistema Nacional de Salud (SNS) por depresión.

FORMACIÓN PROFESIONALES

Esto pasa por dotar de “formación suficiente” sobre esta materia a los profesionales sanitarios y de los servicios sociales que atienden a estas mujeres, algo que ya recoge el plan que el Ministerio de Igualdad elevó al Consejo de Ministros en 2021. “Estamos en 2023. Hay que tomarse en serio lo que dice el BOE”, sentenció.

Respecto a si Igualdad cuenta con mecanismos para comprobar si las comunidades aplican medidas concernientes a la violencia de género, avanzó que próximamente se presentará una radiografía que evaluará el desarrollo del pacto de Estado sobre esta materia, y adelantó que “habrá diferencias” entre territorios.

A su vez, avanzó que mañana se reúne la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que se ratificarán tres informes acordados en distintos comités de crisis. En ellos, se incluyen medidas como la revisión de licencias de armas y la atención especializada a mujeres migrantes.

Por último, confirmó que Igualdad está rediseñando el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género (Atenpro) con el fin de que aquellas mujeres que se encuentran en “circuitos de atención a las víctimas, aunque sea sin denuncia, sean atendidas”, y para proporcionar “servicios de mediación intercultural para las mujeres migrante que tienen dificultades, por códigos culturales o lingüísticos, para acceder a estos servicios”.