Según explicó Igualdad, el presupuesto base de la contratación es de 71,37 millones de euros (IVA incluido) y tiene un valor estimado superior a los 111 millones de euros.

La oferta seleccionada introduce avances relevantes en la capacidad tecnológica de los dispositivos, la calidad de los servicios de monitorización y los tiempos de respuesta operativa, contribuyendo a reforzar la fiabilidad y la eficacia del sistema.

Este contrato permitirá garantizar la continuidad y la mejora del sistema de seguimiento telemático, una herramienta esencial para el control del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento y la protección de las víctimas de violencia de género y violencia sexual.

El ministerio liderado por Ana Redondo dijo que a la licitación concurrieron dos candidaturas y el proceso de evaluación de las propuestas contó con dos fases: el análisis de la calidad técnica y los criterios automáticos.

En la primera fase se analizaron aspectos del diseño y prestación del servicio como el plan de transición, las prestaciones de los dispositivos, telecomunicaciones, la monitorización o el desarrollo de software e infraestructuras. En este bloque, la UTE Vodafone-Securitas logró 14 puntos más que la otra candidata, mostrando mayor calidad en la propuesta técnica, de acuerdo con las conclusiones de la mesa técnica que evaluó las propuestas.

En cuanto a los criterios automáticos, la UTE Vodafone-Securitas logró la mejor puntuación también en la oferta económica, descartándose la existencia de baja temeraria, ya que el presupuesto se encuentra dentro de los márgenes establecidos. En concreto, en los criterios automáticos de calidad, la propuesta incorpora mejoras sustanciales en los tiempos de respuesta críticos (instalación, sustitución de dispositivos y comunicación al órgano judicial en 12 horas), obteniendo la máxima puntuación.

Sobre las funcionalidades de los dispositivos, la propuesta también obtuvo la puntuación máxima al incluirse funcionalidades avanzadas como la conectividad mediante ‘eSIM’ multioperador, la actualización remota (OTA), la capacidad de gestión remota de dispositivos y la integración de sensores de movimiento de bajo consumo.

Con todo, Igualdad expuso que esta adjudicación es provisional, ya que aún falta recibir la oportuna documentación y esperar los plazos legalmente establecidos para posibles recursos antes de la adjudicación definitiva.