Así lo expuso en una entrevista en Servimedia en la que se le preguntó, entre otras cosas, por la intención de la Comisión de establecer para este delito de corrupción política una pena superior a la que el Gobierno introdujo en su reforma del Código Penal de finales del año pasado en la que distinguió entre la malversación que conlleva enriquecimiento personal y la que no, como sería, éste último, el caso de los independentistas catalanes que destinaron recursos públicos a la financiación del referéndum del 1 de octubre de 2017 y su preparación.

“Tendría que plantearse seriamente cuál es la propuesta de la Comisión y actuar en consecuencia. Yo siempre he pensado que, con la corrupción, tolerancia cero”, puntualizó literalmente en clara disconformidad con la rebaja de penas que aprobó el Gobierno de coalición, con pleno acuerdo de Unidas Podemos y los partidos que conforman el espacio confederal.

Illueca también comentó la notificación del Gobierno a la Comisión Europea de que elevará la presión fiscal al 40% en 2024. “Evidentemente esa es una cifra abstracta. Luego habría que aterrizarla en la distribución y concretarla en todos sus términos”, matizó.

Además, puso el foco en un informe que leyó que “plantea que, para atender las necesidades de bienestar de los ciudadanos españoles a diez años vista, teniendo en cuenta parámetros que exigirán un incremento de los recursos disponibles como puede ser, por ejemplo, el envejecimiento de la población, son necesarios 40.000 millones de euros adicionales para poder mantener los niveles actuales de bienestar”. Y ello, sentenció, “es materialmente imposible sin una reforma fiscal que vaya a buscar el dinero a los bolsillos donde está el dinero”, los españoles y sociedades con rentas y patrimonios más altos.