Mamadou Lamine Sarr, Gonzalo Fanjul Suárez y Yolanda Edith Espínola Coronel tomarán la palabra para reclamar la admnisión a trámite de esta propuesta de ley, que insta al Gobierno a regularizar a más de 500.000 personas en situación de ilegalidad en España.

Agrupadas en la Plataforma Esenciales, 14.000 personas voluntarias procedentes de más de 900 organizaciones sociales consiguieron presentar 611.821 firmas válidas ante la Junta Electoral Central en apoyo de esta ILP en 2022. Se trata de “un hito altamente significativo”, indica la Plataforma, ya que “solo una de cada diez ILP consigue superar las 500.000 firmas que exige la Ley Orgánica de Iniciativas Legislativas”.

Según esta entidad, la irregularidad administrativa condena a más de 500-000 personas en España “a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”.

Cerca de una tercera parte de estas personas son menores de edad, prosigue, lo que supone una grave amenaza para sus derechos más básicos.

Agrega que “la irregularidad conlleva la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad española” y que “la inmensa mayoría de los migrantes adultos en situación administrativa irregular trabajan en sectores de difícil ocupación”.

De acuerdo con una estimación reciente de la Fundación por Causa y la Universidad Carlos III, cada trabajador regularizado supondría una aportación fiscal neta media de 3.250 euros por persona y año.

Por eso, la ILP reclama al Gobierno que atienda “este proceso participativo” y apruebe una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en España ante la lentitud de los procedimientos ordinarios que impiden su acceso a derechos.