Así lo indicó en una conferencia con inversores en los que defendió los resultados de la compañía en los tres primeros trimestres del año, período el que obtuvo un beneficio neto de 2.785 millones de euros, un 14% menos que en el mismo período de 2022.

Imaz profundizó en lo que la energética ya había avanzado en la nota en la que se hacían públicos los resultados a primera hora de la mañana apuntando que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España”.

“Necesitamos tener un marco regulatorio claro, predecible y estable. De otra manera, tenemos otras alternativas. Tenemos lugares industriales. En Portugal podríamos tener actividad internacional en nuestro negocio industrial”, dijo el máximo directivo.

El consejero delegado de Repsol subrayó que tienen que “analizar cuidadosamente” el marco regulatorio antes de realizar nuevas inversiones en España porque tienen que “proteger” a los inversores y empleados, pero al mismo tiempo defender “el concepto del trabajo industrial” y comprobar si la inversión es “los suficientemente atractiva para garantizar el retorno”.

“Este impuesto injusto, ilegal y discriminatorio está perjudicando a compañías que están invirtiendo en España” y, en cambio, está “favoreciendo a empresas importadoras que acuden al mercado español sin crear un solo trabajo industrial en el país”. Imaz insistió que tendrán que analizar el marco regulatorio y en el caso de que no sea “estable y claro” tomarán “diferentes decisiones” en el “futuro cercano”.

2023 Y 2024

Imaz recordó a los inversores que el anuncio sobre este impuesto se enmarca en el acuerdo entre dos partidos que están tratando de conformar un nuevo Gobierno y pretenden que el impuesto extraordinario está vigente para 2023 y 2024. Por lo tanto, “cualquier nuevo impuesto necesitaría unos nuevos Presupuestos, una nueva discusión en el Parlamento y finalmente una nueva aprobación”.

De cara a este ejercicio, el máximo directivo de Repsol calculó que la compañía abonará entre 300 y 350 millones de euros en 2024 sobre la base de este año “en este segundo ejercicio y último porque no hay ninguna base legal para continuar con este impuesto”. La cantidad será inferior a los 450 millones abonados este año (sobre la base de 2022) por una bajada en los ingresos debido a unos menores precios del petróleo.

EN LOS TRIBUNALES

El consejero delegado de la energética subrayó la diferencia entre el impuesto extraordinario europeo, que grava el beneficio, y el español, que grava un 1,2% las ventas de las energéticas con ingresos superiores a 1.000 millones.

Imaz recordó que el asunto está ahora en los tribunales españoles y estima que la resolución del conflicto puede producirse dentro de “uno o dos años”. Además, apuntó que acudirán al Tribunal Constitucional porque el tributo es “inconstitucional” y está “rompiendo también la competencia del mercado europeo”.

“Estoy convencido de que vamos a ganar al final del camino, porque algo que es ilegal, discriminatorio y que repercute en términos negativos no puede ser de ninguna manera aprobado”, señaló, añadiendo que confían en el sistema judicial y el marco constitucional.