Esta es la principal conclusión del informe ‘Regulación laboral y mercado de trabajo: el impacto del absentismo’, publicado este martes por el Foro Regulación Inteligente (FRI), en el que se advierte de que España combina “cifras históricas” de empleo con un descenso significativo de las horas efectivamente trabajadas.

El informe advierte de que el debate público suele centrarse únicamente en el coste directo del absentismo —los pagos asumidos por empresas y Seguridad Social durante una incapacidad temporal—, lo que ofrece una “visión parcial del problema”. Solo esta partida directa, que es la que actores como la CEOE utiliza para alertar del creciente absentismo, ascendió en 2024 a 28.969 millones de euros, equivalentes al 1,82% del PIB, una cifra “muy significativa” pero insuficiente para dimensionar el impacto completo.

El coste indirecto, ampliamente omitido en análisis oficiales, representa la parte más sustancial de la carga económica. Incluye la pérdida de productividad derivada de la ausencia, los retrasos, las reorganizaciones internas, la necesidad de apoyo adicional del personal presente y los costes asociados a la contratación y formación de sustitutos.

El informe de FRI estima que el coste de oportunidad —la producción no generada mientras 1,66 millones de trabajadores no acudieron a su puesto por IT— alcanza 130.534 millones en su cálculo máximo. Tras descontar la producción recuperada por los 750.600 empleados con contratos de sustitución, la pérdida neta se amortigua, pero igualmente alcanza datos elevados, hasta situarse en 71.533 millones.

A ello se suma el coste de sustitución, que refleja los salarios y costes laborales asociados a los trabajadores que cubren temporalmente las ausencias. Este componente añade 28.166 millones de euros, equivalentes al 1,8% del PIB. La suma de todos los elementos —directos e indirectos— eleva la factura a 128.668,7 millones de euros, lo que representa el 8,1% DEL PIB, una magnitud comparable al presupuesto nacional de educación y superior al gasto total anual en inversión pública.

Así, pese a que el país alcanzó los 22,4 millones de ocupados en 2025, el número de horas está creciendo de forma “mucho más moderada”, generando un “desacople inédito” entre empleo y productividad. Según este análisis, parte de dicha brecha se explica por la subida del absentismo, un problema cada vez más evidente.

En concreto, el estudio revela que, desde 2019, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo han aumentado un 14%, mientras que las horas trabajadas solo lo han hecho en un 11%.

En esta línea, el FRI señala que una parte importante de esta brecha se explica por el incremento del absentismo laboral, ya que el porcentaje de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia pasó del 5,5% en 2019 al 8,8% en 2025.

En este mismo periodo (2019-2025), las ausencias por enfermedad, accidente o incapacidad temporal se incrementaron un 53%, consolidando una tendencia de fondo que al FRI le preocupa tanto por su dimensión económica como por su persistencia temporal.

Los datos muestran una realidad sostenida en el tiempo. Cada trabajador pasó de ausentarse 80 horas al año en 2019 a 114,6 horas en 2024, mientras que las horas no trabajadas por causas distintas a vacaciones subieron del 4,8% al 6,7%. En nueve de cada 10 horas perdidas, la causa alegada fue una enfermedad, un accidente o una incapacidad temporal.

En todo caso, cada día, un promedio de casi 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto, con especial incidencia en comunidades como Cantabria (9,2%), Canarias (8,8%) o País Vasco (8,6%), frente a los registros más bajos de Baleares (5,5%), La Rioja (6,1%) y Madrid (6,1%).

Las tasas más elevadas se concentran en sectores como los servicios de limpieza (10,7%), la recogida y tratamiento de residuos (9,6%) y los cuidados en residencias (9,2%).

Con estas cifras, el FRI subraya que la evolución del absentismo no responde a variaciones coyunturales, sino a un cambio estructural en el mercado laboral, influido por factores demográficos, productivos y organizativos. Por ello, el informe resalta en la necesidad de reforzar los sistemas de prevención, mejorar los procesos de reincorporación, revisar los incentivos y fortalecer la cooperación entre empresas, mutuas y administraciones públicas, con el fin de reducir la presión sobre el tejido productivo y sobre las cuentas públicas.