Así lo dio a conocer este jueves el Ministerio el Interior a través de un comunicado en el que detalló que estos datos son el resultado de operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra y policías locales. Unas estadísticas que incluye el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en su balance de criminalidad.

El mayor porcentaje de productos falsificados intervenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad correspondió al sector de bebidas y comestibles (26,5 %), seguido de marroquinería y complementos (12,7 %) y del sector textil (6,3 %).

La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y las Islas Baleares fueron las comunidades autónomas donde se incautó el mayor número de productos. En cuanto a los puntos de incautación de la mercancía, la mayor cantidad de falsificaciones se localizó en naves, fábricas y almacenes (77,2 %), seguida de establecimientos comerciales (5,3 %) y domicilios (1,2 %).

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, trasladó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su felicitación por “el éxito de los resultados de las operaciones de lucha contra las falsificaciones”. “Las infracciones de derechos de propiedad industrial tienen consecuencias nefastas para la economía y la sociedad, destruyen puestos de trabajos directos, y reducen la venta de los productos legítimos”, subrayaron desde la Oficina. Además, incidieron en que el consumo de productos falsificados es “un riesgo para la salud”, ya que “su producción elude los controles de calidad y las normas de fabricación”, así como “los controles e inspecciones oportunos para su posterior comercialización de forma segura”.

Los datos publicados en las estadísticas del ministerio son considerados "de gran valor" en el diseño de acciones dirigidas a la sensibilización de la población sobre los "efectos negativos del consumo y adquisición de productos falsificados" en España. Las acciones de concienciación están incluidas en el Plan Estratégico de la OEPM y serán una de las "vías fundamentales" para luchar contra el delito de vulneración de los derechos de propiedad industrial, que está controlado por mafias y casi siempre unido a otros delitos graves.