Así lo indicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó la línea de 2.500 millones de euros para avalar la compra de una primera vivienda de jóvenes y familias con hijos a cargo.

“Cataluña tuvo una ley que fue recurrida al Tribunal Constitucional y nos hemos inspirado en ese índice de referencia que estuvo en vigor en Cataluña con distintos elementos en la fórmula matemática, con lo que vamos a aplicar ese índice que servirá el conjunto de España una vez puesto en marcha”, detalló.

En los últimos meses, el Gobierno ha venido trabajando en mejorar un índice que fue lanzado en 2020 por el ministro José Luis Ábalos en su etapa al frente del Ministerio y que se elabora con datos tributarios estableciendo precios medios del alquiler hasta un nivel de sección censal. La última actualización se produjo en marzo de 2023 pero los precios que se proporcionan corresponden al año 2021. El objetivo del Ejecutivo era mejorar con trabajo técnico el decalaje de dos años que implicaba el uso de datos tributarios.

En el grupo técnico del índice de precios el Ministerio ha trabajado con equipos técnicos de la Generalitat de Cataluña, pero también con la Agencia Tributaria, el Catastro y agentes del sector como el Colegio de Registradores o la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV). Precisamente, desde AEV confirmaron a Servimedia que se conseguiría reducir a “tres o cuatro trimestres” el desajuste.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Otro de los objetivos del Gobierno es que el índice que pudiese tener en cuenta diferentes características de la vivienda, como su estado de rehabilitación, las características de luminosidad o la disponibilidad de terraza. Estos elementos variarían el precio al que se tendría que someter el contrato de alquiler.

Desde AEV afirmaron que “en principio” se incluirán “todos aquellos [criterios] que resulten relevantes” para el precio de alquiler, “siempre y cuando previamente se haya podido definir su peso en la formación del valor y la escala de ponderación de las diversas magnitudes que cada variable puede adoptar”, pero no especificaron cuáles serían finalmente.

ZONAS TENSIONADAS

La importancia de este índice radica en que se tendrán que acoger a estos precios, siempre que estén en zonas declaradas como tensionadas, los contratos de alquiler de viviendas pertenecientes a grandes propietarios con 10 o más pisos (o más de cinco, si así lo decide una comunidad autónoma). También lo harán pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler en un período de cinco años aunque pertenezcan a pequeños propietarios.

La ministra Rodríguez expresó su deseo de que el resto de comunidades autónomas en las que existen zonas tensionadas “tengan la predisposición que en estos momentos tiene el Gobierno de la Generalitat de aplicar la Ley de Vivienda para contener los precios del alquiler en las ciudades”.

En concreto, indicó que hay ayuntamientos que están “reclamando” a las comunidades autónomas, competentes para ello, la declaración de zonas tensionadas para contener los precios del alquiler, pero estas regiones se niegan.

El límite a los alquileres fueron uno de los puntos más difíciles de acordar en el primer Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas siempre defendieron los incentivos fiscales a propietarios como medida para estimular la oferta en alquiler, mientras que los morados, EH Bildu y ERC apostaron por introducir controles.

Esta herramienta ha sido criticada por el sector inmobiliario tras las experiencias similares en ciudades como Barcelona, Berlín o París, pero finalmente se acabó incorporando en la norma. En el anteproyecto que salió del Ministerio se contemplaba que solamente los contratos de grandes propietarios debieran acogerse al índice de precios y, además, establecía una moratoria de 18 meses para que esta fuese efectiva. Tras la presión de sus socios, el PSOE admitió incluir también a pequeños propietarios y eliminar del texto el período de espera.

Pese a la cesión, más de ocho meses después de la aprobación del texto todavía no se ha ultimado con éxito este índice. Además, no se han declarado zonas de mercado tensionado ya que ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña, lo ha reclamado.