Según indicó en un hecho relevante a la CNMV, ese protocolo de actuación ya fue aprobado por el Consejo de Administración y se informó de ello el pasado 30 de julio. Ese día se comunicó la composición de la comisión ad-hoc para estudiar la potencial operación. De presidenta se designó a Belén Amatriain y de vocales a Eva María Fernández Góngora, Josep Oriol Piña Salomó y Bernardo Villazán Gil.

El protocolo recoge que en caso de que la operación fuera aprobada, el funcionamiento de la junta general “no se ve alterada por la existencia de un conflicto de interés”. “Los accionistas de Indra que estén en conflicto por ser participantes en la operación no están privados de su derecho de voto en la junta general”, recoge.

En cambio, admite que “sí afecta” al funcionamiento del Consejo de Administración la existencia de un conflicto de interés. En esas circunstancias, “cuando se trata de un conflicto que afecta al presidente ejecutivo”, como es el caso, dado que EM&E es la empresa de su hermano, “el Consejo debe tomar las medidas que garanticen y aseguren que el conflicto no tiene otras ramificaciones” y que la operación se ejecuta “sin la más lejana sospecha de verse afectada”.

Por ello, justifica que se cree una comisión de trabajo conformada por consejeros independientes.

El protocolo recoge que existe un conflicto de interés entre los hermanos Escribano que “deberán ausentarse de cualquier reunión del Consejo en el que se trate” el tema y de votar materias relacionadas y no podrán tener acceso a documentos relativos ni a los asesores designados.