Según indicó la asociación conformada por distintas patronales industriales este viernes, la política industrial española necesita “una nueva gobernanza que permita la completa coordinación del Gobierno para adoptar las medidas necesarias que impulsen de forma efectiva la competitividad y el crecimiento verde del tejido productivo español”.

Para la Alianza, con este modelo se generaría en España una economía “más sólida, avanzada y sostenible, preparada para hacer frente a los retos del futuro y a las tensiones geoestratégicas, y capaz de generar empleo de mayor calidad”.

Entre las peticiones, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política industrial sería un órgano con capacidad “para coordinar la actuación de los diferentes departamentos ministeriales con competencias en ámbitos que afectan a la industria”. Este órgano permitiría desarrollar “una política industrial efectiva y verdaderamente coordinada, así como diseñar adecuadamente la autonomía estratégica que nuestro país necesita”.

En segundo jugar, la Alianza subrayó que la ejecución de la política industrial precisaría de una Agencia Estatal, “dotada de capacidad operativa y de recursos económicos y humanos suficientes, que actuara de forma coordinada con las diferentes comunidades autónomas”.

La Agencia, entre otras funciones, podría “gestionar los incentivos a la inversión, agilizar mediante procedimientos de ventanilla única proyectos estratégicos industriales, facilitar el desarrollo de proyectos de innovación que respondieran a las necesidades de las empresas, e instituir observatorios de competitividad internacional y de vigilancia normativa, capaces de detectar los diferenciales competitivos alcanzados por terceros países y proponer medidas similares en nuestro país”.

Por último, el actual Foro de Alto Nivel de la Industria Española, creado con el objetivo de que las organizaciones empresariales y sindicales asesoraran al Ministerio de Industria en materias de su competencia, debería “evolucionar e instituirse” como Consejo Asesor de Política Industrial.

En este, según la Alianza, manteniendo la estructura de su composición, deberían incorporarse “atribuciones efectivas” para intervenir más eficazmente en el diseño de la estrategia industrial y de los instrumentos de ejecución de la política industrial. Asimismo, el Consejo debería recuperar los observatorios sectoriales -con la participación de sus respectivos agentes sociales- los cuales elevarían propuestas y medidas específicas para impulsar el desarrollo competitivo y sostenible de aquellas actividades industriales consideradas estratégicas o esenciales desde un punto de vista económico, social, sanitario o de seguridad.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN

El organismo subrayó que el futuro industrial de España se enfrenta a “múltiples retos” y aseguró que su competitividad se encuentra “lastrada por unos desproporcionados costes energéticos, una intensa y cambiante sobrerregulación plagada de solapamientos y lentos procedimientos burocráticos, la ausencia de neutralidad tecnológica, una elevada presión fiscal y una nueva realidad geopolítica que amenaza, no solo la cadena de suministro y la autonomía estratégica, sino también el acceso a mercados exteriores”.

A lo largo de la pasada legislatura, la Alianza estuvo trasladando al Gobierno y a los diferentes poderes públicos sus propuestas, tanto respecto a proyectos legislativos concretos como sobre iniciativas propias para impulsar la competitividad, pero “independientemente de la toma en consideración de las mismas, de forma recurrente, se visualiza un problema de gobernanza que acaba por desfigurar la eficacia de la política industrial en su conjunto”.

En este sentido, apuntó que la negativa de los sucesivos ejecutivos a elevar la secretaría general de industria a secretaría de estado es un” termómetro evidente -pero solo la punta del iceberg- del nivel de prioridad que los gobiernos otorgan al desarrollo competitivo de su tejido productivo”. La capacidad de coordinación e influencia de la actual secretaría general respecto a otros departamentos del Gobierno es “insuficiente para impulsar adecuada y eficazmente la Política Industrial”.

Para la Alianza, resulta “paradójico” que, una política de “evidente carácter estratégico” para no otorgue rango de Secretaría de Estado al departamento responsable de su ejecución. Dicha consideración, “aparte de reforzar la institucionalidad y dotar al departamento de mayor capacidad de coordinación e influencia”, permitiría al titular, por ejemplo, participar en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, encargada del análisis y preparación de los asuntos que se someten a deliberación en el Consejo de Ministros.