La patronal defendió los objetivos de sostenibilidad, trazabilidad, digitalización, seguridad de producto y economía circular impulsados por la Unión Europea, pero alertó de que las empresas están asumiendo un número creciente de obligaciones en un periodo de tiempo muy reducido.

El CIE señaló que requisitos relacionados con el ecodiseño, el Pasaporte Digital de Producto, la responsabilidad ampliada del productor, la diligencia debida o las nuevas exigencias ambientales se están implantando de forma simultánea y con calendarios y desarrollos técnicos diferentes.

La organización advirtió de que esta situación coincide con un momento especialmente exigente para la competitividad europea. En este sentido, recordó que el informe sobre el futuro de la competitividad europea elaborado por Mario Draghi para la Comisión Europea estima que la UE necesita entre 750.000 y 800.000 millones de euros de inversión adicional al año para cerrar su brecha competitiva.

Por ello, consideró imprescindible que las nuevas obligaciones regulatorias no reduzcan la capacidad de las empresas para invertir, innovar, ganar tamaño, aumentar su productividad y mantener actividad industrial en Europa.

El CIE destacó además que la propia Comisión Europea se ha fijado como objetivo reducir las cargas administrativas un 25% para las empresas y un 35% para las pymes, con un ahorro estimado de 37.500 millones de euros en 2029.

La patronal recordó que el sector textil está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, que cuentan con mayores dificultades para absorber simultáneamente nuevas exigencias jurídicas, ambientales, técnicas y digitales.

Asimismo, defendió que Bruselas debería analizar no solo el impacto individual de cada norma, sino también su interacción con las obligaciones ya aprobadas o en proceso de implantación, con el fin de evitar duplicidades, exigencias contradictorias y costes administrativos innecesarios.

El presidente del CIE, José María Mestres, afirmó que "Europa no puede reclamar más inversión industrial y, al mismo tiempo, multiplicar obligaciones que reducen la capacidad de las empresas para invertir" y defendió que la regulación debe contribuir a transformar la industria "y no debilitarla".