La auditoría examina leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos-ley y reales decretos legislativos aprobados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El resultado es contundente: 204 normas —el 84 % del total— serían susceptibles de derogación total o reforma profunda por su carácter innecesariamente intervencionista, deficiencias técnicas o débil justificación funcional.

El informe sitúa esta revisión en un contexto de acumulación normativa sostenida. Entre 1978 y 2021 se aprobaron en España 411.804 normas, a las que se sumaron otras 11.775 en 2022, consolidando un ritmo superior a 30 disposiciones diarias, lo que equivale a una nueva regulación cada 45 minutos. Según el informe, esta acumulación ha incrementado la complejidad jurídica y ampliado la discrecionalidad administrativa.

Según la clasificación que hace el informe, el 23% son leyes susceptibles de derogación íntegra al no estar vinculadas a mandatos europeos. Entre ellas se menciona la Ley de Memoria Democrática (2022), señalada por su extensión (más de 31.600 palabras), creación de nuevos órganos burocráticos y régimen sancionador que afecta al ámbito de la libertad de expresión, sin resolver problemas materiales de convivencia.

PLAN DE RECUPERACIÓN

El 16% corresponde a normas cuya modificación requeriría negociación previa con Bruselas por estar asociadas a compromisos del Plan de Recuperación y fondos Next Generation EU. Según el informe, destaca la reforma del sistema de cotización de autónomos por ingresos reales (RDL 13/2022), que habría incrementado la complejidad administrativa y la presión fiscal efectiva, en un contexto donde el déficit contributivo de la Seguridad Social supera los 55.000 millones de euros.

Un 13% lo suman regulaciones afectadas por problemas de “gold-plating”, es decir, transposiciones sobredimensionadas de directivas europeas por el legislador nacional. El informe compara el caso español con Estonia y cita la Ley de Protección de Datos como ejemplo de transposición sobredimensionada que añade obligaciones adicionales sin beneficios proporcionales.

El grueso del análisis es para el 48% de leyes que requieren reformas profundas "por su diseño excesivamente rígido o intervencionista". Se incluyen medidas como la eliminación del despido por absentismo (Ley 1/2020), asociada a un aumento del absentismo del 53 % y a un coste agregado estimado cercano a 130.000 millones. También se menciona la denominada Tasa Google (Ley 4/2020), cuya recaudación (375 millones) quedó muy por debajo de los 1.000 millones previstos.