Así lo recoge el texto del real decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que modifica el Reglamento de Extranjería. El Gobierno comprobará estos documentos y, en caso de que haya antecedentes penales, se hará una revisión de las causas y circunstancias de cada solicitante.

Los solicitantes no pueden figurar como rechazables en países con convenios con España, ni estar sujetos a un compromiso vigente de no retorno, y deben abonar la tasa correspondiente para la autorización de forma imprescindible -en todos los casos-.

Además, el Gobierno tendrá que comprobar, a través de los Ministerios de Justicia y Exteriores, la ausencia de antecedentes penales de los migrantes que, mediante una declaración responsable, acrediten no haber podido conseguirla por su cuenta para la solicitud de esta regularización.

En los casos en que el Gobierno no pueda comprobar esta ausencia de antecedentes penales, Migraciones incidió en que lo estudiarán, pero no pretenden “señalar” a ningún país por ello, según explicaron recientemente fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, la admisión a trámite de la solicitud de la regularización dará derecho a residencia y trabajo provisional hasta la resolución (máximo tres meses); si se deniega, se pierde esa habilitación, y el silencio administrativo es negativo.