Trigeros hizo esa consideración durante la jornada ‘Un año después de la dana: ¿estamos preparados?’, celebrada en Madrid y en la que expertos del ámbito de la ingeniería, la administración y la universidad analizaron las lecciones que dejó la catástrofe que hace un año afectó gravemente a la región valenciana y otras zonas de España.

Trigueros indicó que la dana de 2024 demostró las consecuencias de “décadas de retraso en inversión y planificación”. “Si las infraestructuras hidráulicas previstas se hubieran ejecutado, el número de víctimas y los daños materiales habrían sido mucho menores”, subrayó.

En este sentido, añadió: “Algunas de ellas -como las obras de laminación en la rambla del Poyo- habrían permitido retener parte de la avenida y dar más tiempo para salvar vidas”.

Insistió en que “no se trata de demonizar las obras hidráulicas, sino de entender que son la mejor defensa ante fenómenos naturales cada vez más violentos”.

Durante la jornada, los expertos recordaron que la dana afectó inicialmente a 75 municipios y se amplió después a más de 90, con un balance de 130.000 viviendas dañadas y 1,1 millones de personas afectadas. Las pérdidas materiales y en activos superaron los 17.000 millones de euros. Los expertos abogaron por aumentar la inversión, más alerta temprana y una planificación hidráulica “real”.

INVERSIONES NECESARIAS

Las infraestructuras viarias y ferroviarias sufrieron graves daños. Fernando Ugena, subdirector de Operaciones Este de ADIF, explicó que la red ferroviaria “se vio sometida a tensiones inéditas” y consideró necesario “un plan de refuerzo integral en trazados críticos, especialmente en la conexión litoral, donde las avenidas se multiplican en frecuencia e intensidad”.

María José Martínez, directora general de Infraestructuras Viarias de la Generalitat Valenciana, señaló que “las carreteras autonómicas resistieron mejor donde existía planificación preventiva y obras de drenaje modernizadas, pero en otras zonas el colapso fue total”.

En total, las inversiones necesarias para restablecer y reforzar las infraestructuras dañadas se estiman en más de 12.000 millones de euros, de los que 1.700 millones corresponden a actuaciones hidráulicas prioritarias y 7.000 millones a la red ferroviaria.

Además, la jornada puso de relieve la alarmante reducción de recursos en la administración de infraestructuras hidráulicas. Las confederaciones hidrográficas han perdido personal técnico en los últimos años, al pasar de 4.253 empleados en 2019 a 3.772 en 2023, lo que supone un descenso de un 11,3%.