La sentenca considera probado que Antúnez, cuando era alcalde de la citada población, concedió 16 licencias de obra sin que éstas contaran con un proyecto técnico previo y a pesar de los informes negativos del técnico municipal y la secretaría municipal y de las advertencias de que autorizarlas era ilegal.

Las actuaciones judiciales se iniciaron a raíz de una querella presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura el 24 de febrero de 1995, que se personó como acusación particular y solicitó 7 aos de inhabilitación especial para el inculpado, aunque el fiscal pidió 12.

El tribunal entiende que en este caso concurren todos y cada uno de los requisitos del delito de prevaricación, aunque cree que no cabe hablar de responsabilidad civil, pues para que ésta exista es necesario que la infracción penal haya producido una desposesión de cosa que deba ser restituida o causado un daño que haya de repararse.