En un escrito hecho público hoy, la Fiscalía General establece una serie de instrucciones sobre la autorización judicial de la expulsión de los extranjeros imputados en procedimientos penales.

Esto de dbe a que el pasado 21 de julio se publicó el Reglamento de ejecución de la L.O. 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que reforma el artículo 57.7 de la antigua ley 4/2000.

En el escrito de hoy, la Fiscalía explica que la aprobación de esta norma coincide con "un amplio debate" a este respecto en el seno de la opinión pública. En su opinión, la dificultad que entraña la expulsión de los extranjeros imputados en causas penales ha provocado en los ciuddanos "sorpresa y desasosiego", y cierta "alarma social"

La Fiscalía, que ya se ocupó de este tema en 1994, pone de manifiesto que es más dificil expulsar a un inmigrante ilegal presunto responsable de algún delito que a otro que simplemente está en situación de residencia irregular. A su juicio, esto puede ser un "factor inductor de delincuencia con el único fin de evitar la expulsión".

En los casos en que un extranjero al que ya se haya decidido expulsar se vea imputado en un proceso penal, losfiscales "habrán de promover activamente la autorizacion de su expulsión por los jueces de instrucción competentes".