La normativa, que entró en vigor el pasado 22 de diciembre, exige a las compañías que den un listado de los viajeros de los autobuses antes de comenzar el viaje, entre otras obligaciones.

El director general de Fenebús, Jsé Luis Pertierra, declaró a Servimedia que será preciso volver a reforma la ley en breve, ya que "las empresas de transporte están para transportar, y no para ejercer una responsabilidad que corresponde al Ministerio del Interior".

"Como es una ley que se va haciendo a plazos y de los errores se va aprendiendo, suponemos que cuando se den cuenta de que es incumplible, habrá que introducir otra modificación. Si en estos años se han hecho tres modificaciones, pues iremos haciendo camino al andar y aprediendo de los errores y de los incumplimientos obligados", manifestó.

El responsable de Fenebús denunció que con esta ley se pretende responsabilizar a las empresas de transporte de unas obligaciones que corresponden a la Policía. "Nosotros somos transportistas, no somos agentes del Ministerio del Interior para comprobar documentaciones y pasaportes y hacer un listado de viajeros; ni tenemos capacidad para hacer un seguimiento de la vida que hagan los viajeros una vez que hacen un viaje de ida para depués retornar", explicó.

Pertierra calificó de "absurda" esta ley para los transportistas de viajeros; y dijo que para las empresas de autobuses es todavía mucho más difícil de cumplir que para el transporte aéreo, ya que en los aeropuertos por lo menos hay una aduana con un control de la Policía.

ABSURDO E IMPRACTICABLE

Por su parte, fuentes de Asintra explicaron a Servimedia que la medida es "injusta, impracticable e innecesaria", porque los conductores de autobuses no son policías ni profesinales que puedan comprobar la validez y vigencia de pasaportes, títulos de viaje u otros documentos de identidad emitidos por estados extranjeros.

Además, recordaron que "los conductores de autocares carecen de autoridad alguna sobre el viajero para obligarle a abandonar el vehículo o negarle la entrada en caso de que estimen, quizá erróneamente, que su documentación está falsificada o es insuficiente".

"Los conductores ni son aduaneros ni policías", dice Asintra, además de asegurar que la nueva ormativa atenta contra "la libertad de empresa", ya que desvirtúa su objeto social de ser un mero transportista para dedicarse a realizar funciones de control de fronteras.