Sin embargo, en Andalucía persisten en situación ilegal otros 8.000 inmigrantes, según denuncian diversas asociaciones humanitarias, que han pedido la ampliación del plazo para la regularización.

Torres Hurtado anunció que esta petición será estudiada por una comisión interministerial compuesta por Asuntos Exteriores, Interior y Trabajo y que decidirá la osibilidad de abrir o no un nuevo plazo.

El delegado del Gobierno en Andalucía rechazó, por contra, la denuncia del sindicato CCOO en cuanto a que se iba a producir, a partir de ahora, una "caza y captura" del inmigrante que no consiga legalizar su situación.

A su juicio, "con terminología de este tipo, lo único que se puede despertar es una xenofobia que en estos momentos no existe en nuestro país".

Según señaló, "si algún país está demostrando tratar con delicadeza y humanidad a los inmigrntes es España". No obstante, agregó que "eso no quiere decir que no vayamos a cumplir nuestras propias leyes y las de la Unión Europea", devolviendo a algunos ciudadanos a sus países de origen para "proteger nuestras fronteras".

También rechazó las críticas contra la UE en su política con los países africanos y argumentó que Europa ayuda sólo "a los países cuyos gobiernos tienen intenciones de democratizarse o son democracias establecidas" y no a las dictaduras que, en gran parte, provocan el éxodo msivo de su población.