En un comunicado, el secretario confederal de Juventud, Acción Social y Migraciones, José Luis Sánchez, reclamó que la medida no se limite a la expedición de la tarjeta sanitaria, sino que se prevea la gratuidad de todo tratamiento asistencial, el carácter universal de la asistencia y la confidencialidad de los datos, ya que lo contrario podría disuadir a los inmigrantes en situación ilegal de acudir a los centros.

La central sindica recuerda la obligación jurídica que tienen los poderes públicos de prestar asistencia sanitaria a todos los extranjeros, con independencia de su edad o su situación legal en España. En este sentido, insta a la Fiscalía a denunciar también la denegación de asistencia sanitaria a los inmigrantes mayores de edad, puesto que "el mandato constitucional y legal también les ampara a ellos".