También ha pdido un listado de todas estas personas individualizadamente, en qué fechas se produjo la expulsión, a que países y en caso de que haya intervenido algún juzgado, de cuál se trata.

Según informó a Servimedia un portavoz de la Oficina del Defensor del Pueblo, lo que se busca con esta información es poder analizar si ha habido garantías o no en el procedimiento de expulsión de estos inmigrantes y si ha sido o no correcto.

Este organismo investiga si se ha obrado con arreglo a la Ley Orgánica de Derchos de Extranjeros y a la Ley de Asilo, que son los únicos elementos normativos que existen sobre esta materia.

Las mismas fuentes indicaron que un día después de comenzar los incidentes con los inmigrantes subsaharianos que habían llegado ilegalmente a Melilla, el Defensor del Pueblo remitió tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dos recomendaciones, en el sentido de que se abordara de forma individualizada el caso de cada una de las personas que se encontrban en esa situación.

Asimismo, el Defensor recomendaba que se adoptasen las medidas necesarias de coordinación entre los distintos organismos implicados para que se mantuviesen unas condiciones de vida dignas para estas personas.

Desde noviembre de 1995, el Defensor del Pueblo ya había iniciado una queja de oficio a raíz de tener conocimiento de que se estaba creando una bolsa de inmigrantes en Melilla, con el fin de evitar que se repitiesen sucesos como los ocurridos en Ceuta en el mes de octube.

Las mismas fuentes han indicado que si de la investigación se desprende que existieron irregularidades en el procedimiento de expulsión o indicios de delito, el Defensor del Pueblo lo denunciará ante el Ministerio de Interior y lo pondrá en conocimiento del fiscal general del Estado, Carlos Granados, para que estudie si existen o no elementos delictivos.

El escrito remitido por el Defensor del Pueblo al Ministerio de Interior solicita que se entregue la información "a la mayor brevedad posible y la ley establece que el plazo máximo se sitúa entre los 15 días y el mes, según la premura del asunto.