Así lo señaló durante una jornada organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) este jueves donde denunció la inseguridad jurídica que, a su juicio, genera la coexistencia de distintas regulaciones sobre una misma operación inmobiliaria.

Según explicó, la incertidumbre sobre cuestiones como la duración de los contratos, la actualización de las rentas, la recuperación de la vivienda o la respuesta ante situaciones de impago lleva a muchos propietarios a optar por no alquilar, vender sus inmuebles o destinarlos a otras modalidades de uso.

Alfaro defendió que, aunque es necesario incrementar la construcción de viviendas, los nuevos desarrollos tardarán años en llegar al mercado, por lo que urgió a las administraciones a actuar sobre el parque residencial ya existente.

En este sentido, FAI propuso un plan basado en incentivos y garantías públicas para favorecer la incorporación de viviendas al alquiler estable. Entre las medidas planteadas figura la aplicación de beneficios fiscales a los propietarios que destinen sus inmuebles a contratos de larga duración, así como ayudas públicas de hasta el 70% para la rehabilitación de viviendas vacías a cambio de su incorporación al mercado residencial.

La federación también reclamó agilizar los trámites para transformar locales y oficinas en viviendas, crear juzgados especializados y acelerar los procedimientos judiciales relacionados con incumplimientos contractuales.

Además, defendió que la atención a inquilinos en situación de vulnerabilidad corresponde a los poderes públicos y no a los propietarios, al considerar que trasladarles esa carga sin garantías contribuye a reducir la oferta disponible.

Las propuestas fueron presentadas al Gobierno de Cantabria durante una reunión previa al encuentro de la UIMP. Según FAI, esta comunidad autónoma es la primera en conocer un plan que la organización pretende trasladar posteriormente al resto de gobiernos autonómicos y al Ejecutivo central.