La propuesta de estos cuatro años ofrece a los arrendatarios la posibilidad de ampliar los plazos de su alquiler por encima del Real Decreto 8/2026. La prioridad es que los inquilinos tengan el mayor tiempo posible para buscar alternativas de vivienda antes de que se proceda a la rehabilitación de ambos edificios y ayudarles en su transición y bienestar.

Alrededor de 40 vecinos afectados reclamaban el derecho a la renovación de sus contratos en régimen de renta antigua ante la posibilidad de convertir las viviendas en alquileres turísticos.