Los presupuestos aprobados para 2025 indican un gasto total en materia de residuos de 5.325 millones de euros y unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, lo que reflejaría un grado de cobertura del 65,5%, todavía lejos del 100%, según compartieron en un comunicado.

Además del déficit, los Inspectores vaticinaron otros problemas presupuestarios en las corporaciones locales si prosperara la cascada de denuncias que se avecinan por parte de los contribuyentes en lo que respecta a la tasa de basuras.

En este sentido, Anihpl recordó que desde hace algún tiempo ha señalado que la regulación de la tasa de gestión de residuos “es escasa e ineficiente” y provocará “más incertidumbre en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación”.

Para los Inspectores, esto es consecuencia del “desinterés e inacción del Ministerio de Hacienda”, así como por la falta de diálogo real con las entidades locales.

En los últimos 30 años y tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, los municipios conocían cómo regular las tasas de residuos, lo que evitaba la inseguridad jurídica. Ahora, por primera vez en la historia de la tributación local, las corporaciones se encuentran ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no puede ser deficitaria.

“Todo ello está provocando una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales para regular la tasa que van a resolverse igualmente de manera diferente en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo”, agregaron en su comunicado.

CONGRESO

Anihpl celebra esta semana en Alicante su XXV Congreso Anual, donde también está previsto que se denuncie “el fraude en torno a la externalización de los servicios de inspección tributaria por la falta de medios u otros motivos”.

Los Inspectores de la Hacienda Local aclararon en su comunicado que no están en contra de la colaboración público-privada y remarcaron que no todos los encargos que haga la administración a terceros incumplen la ley.

Sin embargo, apuntaron que los tribunales ya han anulado varias externalizaciones.

En opinión de los Inspectores de la Hacienda Local, la participación de personas no integradas orgánica y funcionalmente en la Administración Tributaria supone para los Tribunales una intromisión ilegal en el ejercicio de sus funciones.

En el Congreso, también se entregará el Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local, que recoge 100 propuestas de instituciones y funcionarios públicos de la administración municipal y provincial para conseguir una mejora integral del diseño y gestión de los impuestos y tasas locales.

Este Libro Blanco plantea una reforma de todos los tributos y tasas locales y reclama facilitar su gestión, recaudación e inspección; solicita reforzar la obligación de compensación por el Estado de los beneficios fiscales establecidos en materia de tributos locales; y contempla habilitar a Diputaciones, Consejos, Cabildos y Ayuntamientos para que puedan hacer efectivos sus derechos tributarios fuera de su ámbito territorial.