La organización liderada por Ana de la Herrán se pronunció así en una rueda de prensa para abordar las consecuencias de la independencia fiscal de Cataluña, tras conocer la propuesta del Gobierno catalán de establecer un nuevo modelo de financiación propio para Cataluña, que incluye recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en la región con un mecanismo de solidaridad interterritorial.

De la Herrán defendió que la independencia fiscal no está contemplada ni en la Constitución, ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Así, la propuesta de la Generalitat de Cataluña “incumpliría los principios constitucionales de igualdad, de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad”.

La presidenta de la IHE consideró que la propuesta de la Generalitat sobre financiación especial para Cataluña y alcanzar la “plena soberanía fiscal” supondrá “el fraccionamiento de la Agencia Tributaria, el deterioro de la lucha contra el fraude fiscal y conllevará una sustancial merma de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos”.

El plan propuesto por el Gobierno catalán supone tener plena capacidad normativa en todos los impuestos y procedimientos tributarios, traspasar la gestión y recaudación de los impuestos generados en Cataluña, así como disponer de la totalidad de los recursos impositivos provenientes de estos tributos. Proponen como fórmula legal para hacerlo la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) en la que se contemplaría dicha cesión de tributos como una delegación de competencias del Gobierno español al catalán.

Desde la IHE mostraron una “enorme preocupación” de los “peligros que pueden conllevar decisiones desacertadas que se adoptan por motivos políticos, diferentes al logro de una mejor y más eficiente Administración, con el peligro de adoptarse sin posibilidad de retorno”.

EL RESTO DE REGIONES RECIBIRÍAN MENOS

El portavoz de la IHE, José María Peláez defendió que la “deficiencia del modelo actual no puede justificar que Cataluña se salga del modelo” y afirmó que “conllevaría privilegios fiscales para Cataluña que no tendrían otras comunidades en España”.

Explicó que “25.600 millones es el dinero total que llega a Cataluña cada año” de parte del Estado, frente a los “52.000 millones que estiman con el modelo de recaudación total de impuestos, con lo que el Gobierno catalán duplicaría el volumen de ingresos que actualmente llegan a la región. Sin embargo, si Cataluña deja de dotar al Estado “el resto de comunidades van a recibir menos importes de los fondos y la traslación es que los ciudadanos van a estar peor financiados y van a recibir menos servicios públicos”.

Por otro lado, Peláez indicó que “cuando se habla de que la solución puede ser desarrollar el estatuto creando un consorcio es una verdad a medias”, ya que “el consorcio está previsto, pero no está previsto el desarrollo para que Cataluña asuma el 100% de los impuestos ni la capacidad normativa”. “No hay ninguna especialidad que pueda amparar esta petición del documento último del Gobierno de Cataluña sobre financiación singular”, insistió.

FRAUDE FISCAL

La vicepresidenta de la IHE, Teresa Benito, avisó de que la tendencia europea es “totalmente contraria a la fragmentación de la inspección” y se negó al fraccionamiento de la Agencia Tributaria. Asimismo, puso el foco en los inspectores que trabajan en Cataluña y que “nos han trasladado su preocupación y su nerviosismo porque no saben nada” de qué pasará con ellos. “No sabemos si se ha pensado en esas personas”, criticó de la Herrán, y argumentó que el fraccionamiento del personal “dificulta la lucha contra el fraude”.

Peláez señaló que la fragmentación de la Agencia Tributaria generaría “muchas dificultades para lograr los objetivos y la eficacia que se está consiguiendo ahora”, si se suman los funcionarios que estarían en Cataluña trabajando a las jubilaciones que esperan en los próximos años.