La Anihpl avisó en un comunicado de que esta situación conlleva “graves consecuencias” que “amenazan los derechos y garantías de los contribuyentes y el interés general”.

En este sentido, los Inspectores de la Hacienda Local consideraron “muy positivo” que un juzgado de Lérida admitiera a trámite su denuncia ante la supuesta externalización fraudulenta de la inspección tributaria provincial.

“Supone un avance muy importante contra el abandono que sufren desde hace décadas en España las Haciendas Públicas locales”, expresaron en un comunicado.

En opinión de los Inspectores de las Haciendas Públicas Locales, la participación de personas no integradas orgánica y funcionalmente en la Administración Tributaria supone para los Tribunales “una intromisión ilegal en el ejercicio de las funciones”.

Además, recordaron que “el personal inspector tiene la consideración de agente de la autoridad y que la tarea de las empresas adjudicatarias no se limita, como consta en los contratos, a asistir a las entidades locales, sino que los trabajadores de estas compañías realizan requerimientos a los contribuyentes, desarrollan actuaciones inspectoras y sancionadoras”.

Para los Inspectores Locales es “muy grave” que estas personas puedan conocer los planes reservados de la Inspección.

La Anihpl elaborará a lo largo del próximo año 2026 un Informe sobre la Externalización Fraudulenta de los Servicios de Inspección Tributaria Local en España, que ya afecta a cientos de municipios que, ya sea directamente o por medio de las Diputaciones Provinciales, externalizan sus servicios.

Por otro lado, también informaron de que los próximos días 13 y 14 de noviembre celebrarán en Alicante su XXV Congreso.