En lo referente al fraude fiscal, el IHE lamentó que su existencia esté vulnerando el principio de generalidad y avisó de que la lucha contra el fraude sigue siendo “la asignatura pendiente de la Agencia Tributaria”.

Los Inspectores expusieron que Hacienda está basando la lucha contra el fraude “en meros resultados cuantitativos anuales” y denunciaron que la estrategia actual “es insuficiente para combatir los fraudes más sofisticados y los más graves de carácter organizado”.

En este sentido, propusieron realizar actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, regular el pago a confidentes para la denuncia de delitos, la introducción en la Ley General Tributaria de un régimen especial para determinados obligados tributarios defraudadores, y la implantación de un sistema de “muerte civil” para no comparecientes en procedimientos tributarios y para defraudadores fiscales a los que se les aplique el régimen fiscal especial, que figurarían en un Registro especial, de carácter público.

Desde el punto de vista organizativo, incidieron en la necesidad de la creación de la policía fiscal y de la Oficina Nacional de Antifraude (ONAF), como órgano con competencias en la lucha contra la delincuencia económica de carácter fiscal-tributario directa e indirectamente con competencias en el ámbito de las infracciones tributarias y otras actividades de apoyo a las funciones de la AEAT.

Entre las medidas presentadas por la AEAT, también está la nacionalización de las competencias de la inspección financiera y tributaria, y la mejora de sistemas que permitan avanzar hacia una mayor digitalización de la AEAT y de otros organismos integrados en la Administración Tributaria.

El IHE también expresó en este Congreso su preocupación por el principio de igualdad y por la intención de aplicar un “régimen fiscal especial” a Cataluña “por mucho que quieran decir que este territorio tiene una ‘singularidad fiscal’”.

A juicio de IHE, el régimen de financiación singular de Cataluña que se pretende implantar incumpliría el principio de igualdad, ya que establecería privilegios a los ciudadanos de esa comunidad, con una financiación que “determinaría la existencia de ciudadanos de primera y segunda en relación con los servicios que les presta la Administración”.

Asimismo, avisó de que la financiación singular de Cataluña supondría la fragmentación de la AEAT y acarrearía muchos problemas en la lucha contra el fraude fiscal para realizar algunos planes de control, incluidos los más graves como es la lucha contra las tramas de IVA y del fraude organizado.

También se darían también problemas de deslocalización de las empresas si se fraccionara gestión de los impuestos sobre el consumo y existirían problemas de control de las grandes multinacionales, en la comprobación de los grandes patrimonios, así como en las operaciones de fiscalidad internacional.

En este sentido, el IHE planteó que la AEAT se configure como una administración de todos y para todos, que coordine el sistema tributario nacional y lo dote de unidad.

Entre los planteamientos de mejora para la AEAT, el IHE planteó un Consejo de Gobierno de la Agencia, que estaría integrado por representantes de todas las administraciones públicas que participen en los ingresos públicos recaudados por la Agencia.