A través de un comunicado, la IHE explicó que el Gobierno publicó el pasado 30 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos normas que afectan al ámbito de la reforma de la Función Pública en materia de recursos humanos y de regulación de la figura del directivo público.

Así, indicó que los inspectores de Hacienda reciben dichas normas “con enorme preocupación, al traslucirse vulneración de las competencias de la Agencia Tributaria y un peligro claro de politización de las condiciones que se exigen para acceder al puesto de directivo público”.

La IHE consideró que “no es admisible que se utilice la figura del real decreto ley para la regulación de una cuestión tan importante como es la reforma de la función pública y con ello la figura del directivo público”. “No sólo no hay razones que justifiquen la extraordinaria y urgente necesidad para la publicación de una norma de este calado, sino que con ello se impide el adecuado debate parlamentario”.

Además, señaló que la figura del directivo público “se ha regulado sin cumplir los estándares mínimos en materia de dirección pública”, ya que “directores generales, secretarios de estado o subsecretarios podrán seguir siendo nombrados con arreglo a criterios políticos y no técnicos”.

Asimismo, criticó que se amplíe “aún más el abanico de la politización de la Administración al contemplar como directivos a quienes tienen el rango de subdirector”, que “ahora podrán ser elegidos entre personas que no pertenezcan a ningún cuerpo funcionarial”, algo “inédito en nuestra Administración pública”.

En cuanto a la forma de elección y requisitos que se exigen para ser directivo público, la IHE valoró “muy negativamente que el acceso a estos puestos se haga a través de entrevistas y de un cuestionario de autoevaluación”, lo que “dará lugar a la arbitrariedad en la selección de quien va a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la Administración”.

Por otro lado, calificó de "inadmisible” que el marco básico de competencias para este personal directivo sean capacidades en las que no se aprecia la necesidad de especialización. En definitiva, “nada de claridad, especialización y concreción y mucha opacidad en los criterios que se exigen para ocupar cargos directivos”.

En último lugar, la asociación reprochó que “España se aleja de la necesaria objetividad y preparación que deben tener nuestros funcionarios y quienes ocupen los puestos de mayor responsabilidad, en particular en la Administración tributaria”. De este modo, “la reforma de la función pública va encaminada hacia una desprofesionalización y una absoluta falta de competencia, que va a generar un retroceso en la prestación de los servicios públicos y una desconfianza de los ciudadanos en nuestras instituciones”.