Así se recoge en un informe de Amnistía Internacional (AI) y Better Planet Laboratory (BPL), de la Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos), sobre los daños que el sector de los combustibles fósiles causa al clima, las personas y los ecosistemas de todo el mundo.

El informe, titulado ‘Extinción por extracción: por qué el ciclo de vida de los combustibles fósiles amenaza la vida, la naturaleza y los derechos humanos’, fue dado a conocer este miércoles en plena 30ª Cumbre del Clima, conocida como COP30 y que se celebra desde este lunes en Belém (Brasil).

La investigación demuestra que el ciclo de vida completo de los combustibles fósiles destruye ecosistemas naturales irremplazables y socava los derechos humanos, en particular los de quienes viven cerca de las infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles.

Se ha demostrado que la proximidad a infraestructuras de carbón, petróleo y gas aumenta el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas reproductivos y otros efectos negativos para la salud.

'DESFOSILIZAR' LA ECONOMÍA

AI y BPL se asociaron para llevar a cabo el primer ejercicio de mapeo de este tipo con el fin de calcular la magnitud potencial del daño global causado por las instalaciones existentes y futuras de producción de combustibles fósiles.

“El sector de los combustibles fósiles, en constante expansión, pone en peligro miles de millones de vidas y altera de forma irreversible el sistema climático. Hasta ahora, no existía una estimación global del número de personas que viven en las proximidades de infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles”, según Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Callamard aseguró que “los proyectos de carbón, petróleo y gas provocan el caos climático y perjudican a las personas y a la naturaleza”. “Este informe aporta aún más pruebas de la necesidad imperiosa de que los Estados y las empresas ‘desfosilicen’ la economía mundial para mitigar los peores efectos de la crisis climática sobre los derechos humanos. La era de los combustibles fósiles debe terminar ya”, sentenció.

POBLACIÓN EN RIESGO

Según el informe, al menos 2.000 millones de personas, de las cuales 520 millones son niños, viven a menos de cinco kilómetros de más de 18.000 emplazamientos de infraestructuras de combustibles fósiles en funcionamiento repartidos por 170 países de todo el mundo.

Como mínimo 463 millones residen a menos de un kilómetro de las instalaciones, por lo que están expuestas a riesgos ambientales y de salud mucho mayores.

Los pueblos indígenas están expuestos de manera desproporcionada, ya que más de un 16% de las infraestructuras de combustibles fósiles del mundo se encuentran en territorios indígenas.

Como mínimo, un 32% de las instalaciones de combustibles fósiles existentes que se han mapeado se solapan con uno o más ecosistemas críticos, esto es, entornos naturales ricos en biodiversidad y esenciales para la captura de carbono o en los que la degradación ambiental continua o los desastres podrían provocar un colapso en cadena de los ecosistemas.

El sector de los combustibles fósiles sigue en expansión porque hay más de 3.500 infraestructuras propuestas, en desarrollo o en construcción en todo el mundo. Ello podría poner en riesgo al menos a 135 millones de personas más.

“Los gobiernos se han comprometido a eliminar gradualmente los combustibles fósiles, pero ahora tenemos pruebas claras de que los nuevos proyectos relacionados con los combustibles fósiles siguen expandiéndose de forma preferente en nuestros ecosistemas más críticos a nivel mundial, lo que contradice directamente los objetivos climáticos declarados”, según Ginni Braich, científica sénior de datos de BPL.

SAQUEO ECONÓMICO O CULTURAL

Algunos de los grupos entrevistados describieron la extracción de combustibles fósiles como una forma de saqueo económico o cultural, perpetrado por actores corporativos mediante intimidación y coacción. “No buscamos dinero; solo queremos lo que es nuestro. Solo queremos pescar en la bahía de Guanabara, es nuestro derecho. Y nos están quitando nuestros derechos”, aseguró Bruno Alves de Vega, pescador artesanal urbano de Río de Janeiro (Brasil).

Todos los defensores de los derechos ambientales y de las tierras indígenas entrevistados por Amnistía se enfrentaban a graves riesgos para su seguridad, a menudo derivados de conflictos con empresas cuyas actividades amenazan los modos de vida tradicionales y la integridad de los ecosistemas.

Muchas de estas personas recalcaron que no conocían plenamente el alcance de las actividades en curso o los planes de expansión de los operadores y declararon que no habían dado su consentimiento a los proyectos que afectaban a su territorio.

“CODICIA”

Pese a los compromisos adquiridos por acuerdos internacionales sobre el clima y de los llamamientos de Naciones Unidas para que se eliminen los combustibles fósiles, las medidas adoptadas por los gobiernos son insuficientes.

Los combustibles fósiles siguen representando el 80% del suministro mundial de energía primaria, a la vez que el sector está intensificando sus esfuerzos para ejercer una influencia indebida en los foros sobre política climática con el fin de impedir su rápida eliminación.

“Los Estados deben emprender una eliminación completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles, así como una transición justa hacia energías renovables producidas de manera compatible con los derechos humanos”, indicó Callamard.

“El sector de los combustibles fósiles y los Estados que lo patrocinan llevan décadas defendiendo que el desarrollo humano requiere combustibles fósiles. Pero sabemos que, bajo el pretexto del crecimiento económico, han servido más bien a la codicia y a los beneficios sin límites, han violado los derechos con casi total impunidad y han destruido la atmósfera, la biosfera y los océanos”, agregó.