Según explicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los objetivos marcados para los próximos cuatro años pasan por impulsar la protección de las víctimas, adaptar las herramientas a los cambios y seguir mejorando la coordinación entre todos los actores implicados.

Impulsado en 2015 por la Secretaría de Estado de Migraciones, el acuerdo reúne a ministerios, administraciones públicas y operadores jurídicos para coordinar la lucha contra los delitos de odio y promover la igualdad. Por primera vez, el Ministerio de Inclusión ejerce la presidencia anual rotatoria.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, defendió que “la lucha contra el odio se base en una acción coordinada, transversal y sostenida en el tiempo” y destacó los avances logrados en la última década en recogida de datos, formación y coordinación institucional. No obstante, advirtió de que “el odio adopta nuevas formas, más sutiles, aunque igualmente dañinas”.

Entre los avances más recientes destaca la mejora en la retirada de contenidos de odio en redes sociales por parte de las plataformas, con una tasa del 65% de eliminación de mensajes detectados, según datos del Oberaxe correspondientes al pasado mes de mayo.

La Comisión de Seguimiento de este acuerdo también analizó la nueva Directiva Europea sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, que incorpora medidas como la implantación del teléfono gratuito 116006 en toda la UE, nuevas vías digitales de denuncia, el reconocimiento formal de las denuncias tramitadas por terceros como ONG.

También se reforzará la evaluación de las necesidades de apoyo y protección física de cada persona con medidas como el uso de refugios y órdenes de alejamiento. La normativa también garantizará el derecho a asistencia jurídica gratuita para víctimas vulnerables que sean partes del proceso penal. La fecha límite que tienen los Estados miembros para la adopción de las principales medidas es el 2 de julio de 2028.

Además, las instituciones participantes destacaron las acciones formativas desarrolladas durante el año, especialmente en materia de prevención del racismo, la xenofobia y los discursos de odio, tanto en el ámbito digital como presencial.

En la reunión participaron representantes de las instituciones firmantes como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios de Interior; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Igualdad; Educación, Formación Profesional y Deporte; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 e Inclusión.

También acudieron como observadores representantes de organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma del Tercer Sector o el Consejo Estatal del Pueblo Gitano.