“Se pasa de la actividad a tiempo completo a la inactividad casi total, aunque muchas personas podrían —y querrían— seguir activas al menos parcialmente”, según el informe ‘La compatibilidad entre pensión y trabajo: avances y desafíos’, elaborado por los economistas José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera Forteza.

El estudio examina las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 11/2024 y el borrador de desarrollo de la llamada jubilación reversible, y advierte que, “pese a los avances, el marco vigente sigue siendo fragmentado, poco coordinado y con incentivos débiles para prolongar voluntariamente la vida laboral”.

Según este estudio, esa rigidez tiene efectos económicos visibles. Para los trabajadores supone con frecuencia una caída brusca de ingresos y una salida repentina del mercado laboral; para las empresas implica perder experiencia y talento sénior en un contexto de envejecimiento demográfico; y para la Seguridad Social significa desaprovechar cotizaciones potenciales en un momento de fuerte presión financiera.

“Hoy existen tres vías legales para compatibilizar pensión y trabajo —jubilación activa, jubilación parcial y jubilación flexible (o reversible)—, pero operan como piezas sueltas que no encajan entre sí”, siguen los expertos. El problema, según el estudio del Instituto Santalucía, no es la falta de instrumentos, sino su “descoordinación y sus reglas contradictorias”.

FIGURA MÁS REFORMADA

La jubilación activa ha sido la figura más reformada desde 2024. Ahora permite compatibilizar trabajo y pensión con un esquema progresivo: 45% de la pensión el primer año, 55% el segundo, 65% el tercero, 80% el cuarto y 100% a partir del quinto. Además, ya no se exige haber alcanzado el 100% de la base reguladora para acceder, lo que amplía el acceso —con efectos positivos especialmente para mujeres con carreras de cotización más irregulares—.

Sin embargo, el informe subraya que su atractivo práctico sigue siendo limitado. Durante la jubilación activa las nuevas cotizaciones no mejoran la pensión futura, no se generan nuevos complementos por demora y no se puede acceder a complementos a mínimos, incluso si la pensión es baja. A ello se suma, en su opinión, una barrera clave, que es que no existe un contrato laboral específico para jubilados activos, lo que obliga a extinguir el contrato previo y empezar de cero, generando inseguridad jurídica y desincentivos para empresas y trabajadores.

En cuanto a la jubilación parcial, el estudio reconoce su valor como transición gradual hacia el retiro, pero advierte de que sigue siendo demasiado costosa y rígida para las empresas. La modalidad anticipada exige al menos 33 años cotizados y obliga a contratar a un trabajador en sustitución, lo que mantiene la figura anclada a una “lógica de reparto de empleo más que a una verdadera flexibilidad individual”.

La jubilación flexible o reversible, aún pendiente de desarrollo reglamentario definitivo, permite a personas ya jubiladas reincorporarse al trabajo a tiempo parcial reduciendo proporcionalmente su pensión. No obstante, su diseño actual presenta incoherencias con la jubilación activa y parcial y establece límites que reducen su atractivo, especialmente para el trabajo autónomo.

“España no carece de instrumentos para compatibilizar pensión y trabajo; lo que falta es un sistema coherente que los ordene y los haga realmente útiles. Si queremos aprovechar el talento sénior y reforzar la sostenibilidad de la Seguridad Social, la jubilación debe dejar de ser un punto final y convertirse en una fase flexible del ciclo laboral. Ese es el reto que este informe pone sobre la mesa”, afirma el director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez Rodríguez.

ORDENAR E INTEGRAR

Ante este panorama, el informe no propone crear nuevas opciones, sino ordenar e integrar las existentes. Los autores plantean avanzar hacia un Modelo Integral de Jubilación Compatible (MIJC) que unifique reglas de acceso, cotización y cálculo de la pensión bajo principios comunes de proporcionalidad, neutralidad contributiva y seguridad jurídica.

Ese modelo debería garantizar que cada año adicional trabajado incremente la pensión de forma clara y predecible, permitir al trabajador decidir libremente su intensidad laboral (tiempo parcial o completo, por cuenta ajena o propia) y crear un contrato laboral específico para pensionistas activos que facilite acuerdos con las empresas y reduzca la litigiosidad.

Según el estudio, un sistema así no solo favorecería el envejecimiento activo y el aprovechamiento del talento sénior, sino que también contribuiría a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social en un país que envejece rápidamente.

En síntesis, estos economistas plantean “pasar de un modelo pensado para retirar trabajadores a otro diseñado para retenerlos voluntariamente más tiempo en condiciones razonables”.

“En un país que envejece con rapidez —la esperanza de vida a los 65 años ha aumentado de forma sostenida, sumando 18,7 años a comienzos de siglo a los 21,7 años en la actualidad—, convertir la jubilación en un tránsito gradual, y no en un corte abrupto, no es solo una cuestión de bienestar individual, sino una pieza clave para el futuro del empleo, la competitividad de las empresas y la viabilidad financiera del sistema público de pensiones”, concluye el Instituto Santalucía.